16 de septiembre de 2016 12:35

René Ramírez dice que no ha solicitado la prisión de Guillermo Lasso

El titular de la Senescyt, René Ramírez emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que pide una medida no privativa para Guillermo Lasso, tras demandarlo. Foto: EL COMERCIO

El titular de la Senescyt, René Ramírez emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que pide una medida no privativa para Guillermo Lasso, tras demandarlo. Foto: EL COMERCIO

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Mariela Rosero

Un día después de que se iniciara la audiencia judicial en contra de Guillermo Lasso, precandidato presidencial por movimiento de oposición Creo, René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), dice que no ha pedido la prisión del demandado.

Ramírez había acudido a la Justicia al considerar que Lasso afectó contra la honra de su esposa Analía Minteguiaga y la suya al “afirmar maliciosamente que esta última cobraba doble sueldo en el IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales)”.

En un comunicado, colocado en su cuenta de Twitter, @compairene, señaló que en el juicio se ha demostrado la infracción, con elementos detallados, así como se ha demostrado el impacto producido por la difusión del video que causó “gravísimo daño al crédito y a nuestra honra, pues la falsa acusación fue reproducida y comentada por diferentes actores sociales”.

En el comunicado, Ramírez asegura que la reputación, el honor objetivo, el buen crédito de las víctimas, ha sido gravemente afectado por el procesado. Sin embargo también señala que con el principio de proporcionalidad y de lesividad, tomando en cuenta que se trata de una contravención penal, se ha pedido a la Jueza aplicar lo previsto en los artículos 58 y 60 del Código Integral Penal.

Así que pide que se imponga a Lasso una pena no privativa de libertad, dadas las condiciones “político sociales que atravesamos, que el procesado aspira a la Presidencia de la República, en los próximos comicios electorales y la conmoción política y social que ha generado este proceso”.

En el escrito afirma que el objetivo nunca fue la privación de la libertad del procesado, sino ejercer el derecho consagrado en el art. 78 de la Constitución, “es decir el derecho a la verdad procesal. De tal forma que con la declaratoria de culpabilidad del procesado, las víctimas de esta infracción penal, nos sentimos satisfechas en plenitud”.

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