En el 2014, Vinicio Alvarado presentó su informe como secretario de la Administración. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El año pasado, 3 811 instituciones que deben presentar obligatoriamente su rendición de cuentas del 2014 cumplieron con este requisito. Este es considerado un logro en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomando en cuenta que en el 2010, apenas 70 entidades lo hicieron.
Este proceso nació con la Constitución del 2008, y lo regula la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Según Tito Astudillo, uno de los siete consejeros del ente rector, las rendiciones de cuentas son un espacio de encuentro autoridad y ciudadano, para hacer un ejercicio de evaluación.
En los primeros años, estos actos se realizaban en hoteles y centros de convenciones, lo que significaba gastos.
Para Astudillo, esta rendición fomenta la idea de una democracia no solo representativa “sino participativa”. Pero fue necesario que el Consejo de Participación emitiera una resolución exhortando a las autoridades a evitar gastos elevados y a ser austeros.
Las entidades locales y provinciales debían hacerlo hasta febrero y las nacionales tienen hasta fines de mes. Desde abril todas deberán entregar sus informes al Consejo, para que se evalúe la cobertura y calidad.
Sitios como la Casa de la Cultura, en donde realizó su rendición de cuentas el excanciller Ricardo Patiño, o el auditorio del CNE, deben privilegiarse para evitar contratar salones.
El jueves 10, antes de que Patiño rindiera cuentas de su gestión, intervinieron los Cuatro del Altiplano; dos migrantes agradecieron la gestión. El hoy Ministro de Defensa habló por una hora y media. Intercaló datos sobre su labor con anécdotas, a su estilo. Como es usual, la rendición fue un monólogo.Nadie del auditorio, formado por el cuerpo diplomático y la militancia oficialista, lo interpeló.
Carlos Pólit, contralor general del Estado, rindió cuentas ayer, desde Guayaquil. Y sus palabras se transmitieron a todo el país vía streaming.
No hay reglas claras sobre el procedimiento a seguir. Esto en cuanto al número de asistentes a los eventos, quién debe acudir como público o cantidad de informes de gestión impresos a distribuirse. Por eso, aunque valora que la gente ejerza control social, Marcela Estrella, abogada de la Comisión Nacional Anticorrupción, cree que las rendiciones solo reflejan lo que los directivos quieren mostrar.
Estrella dice que las anomalías administrativas y la inobservancia de la ley no aparecen y por eso no hay sanciones. Por eso cree que deben ser espacios más participativos.
“Nos quieren vender la idea de que todo está bien, cuando el Contralor ha emitido centenas de informes con indicios de responsabilidad”.
Al respecto, Astudillo señala que hace falta simplificar el proceso. La actividad debe ampliarse ante consejos consultivos, pero al llegar a más gente, debe ser como un examen en el que los ciudadanos son el maestro y las autoridades, los alumnos. “De sus respuestas dependerá si pasan el año…”.
Estrella pide facilitar labor de veedurías, que participen en debates sobre rendiciones y que no se trate de una recitación de logros y tecnicismos.
En el 2014, 615 instituciones no cumplieron con el requisito. La Contraloría realiza 1 271 acciones de control de incumplimiento de este mandato. A cada uno se le hace como en cualquier caso que entra a la entidad, un examen especial.
Luego de realizar esta auditoría, la Contraloría podrá establecer sanciones administrativas que pueden ser multas hasta destitución, si no justifican el incumplimiento.
Las empresas públicas y privadas que manejen fondos públicos o en actividades de interés público y los medios deben rendir cuentas. Y autoridades electas o de libre remoción. Las últimas no están en el catastro del Consejo y según la Contraloría no deben remitir un informe a esa entidad, por ello no se controla eso.
En contexto
Las autoridades de elección popular, de libre remoción, las empresas públicas o que manejen fondos públicos y los medios de comunicación deben realizar sus rendiciones de cuentas hasta fin de mes. El año pasado, el 86% de instituciones cumplió.