23 de noviembre de 2015 00:00

Remates de bienes incautados tenían poca difusión

El viernes, el abogado Nelson Vivar (negro) pegó un aviso de una casa lista para ser rematada por USD 50 000. foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El viernes, el abogado Nelson Vivar (negro) pegó un aviso de una casa lista para ser rematada por USD 50 000. foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Al ver el anuncio, la gente cree que se trata de una broma. “¿Una casa de 100 metros cuadrados en USD 50 000? ¿Dónde? ¿Hay alguna trampa? Eso es una ganga”, responden. Pero no, la venta es legal. En Ecuador suceden estos casos. Y a diario.

El viernes, por ejemplo, en la cartelera de la Unidad Judicial de lo Civil de Quito, se exhibía una docena de avisos de propiedades a precios por debajo del valor real que fija el mercado. Todo esos anuncios son de bienes que fueron embargados tras una demanda y que entraron a un proceso de remate.

El Código de Procedimiento Civil permite reducciones de hasta el 50% del valor inicial de una propiedad, cuando esta no se logra subastar en la primera convocatoria.

Es una forma estimular la compra en el 
siguiente llamamiento, reconocen los jueces a este Diario.
 Pero ese mecanismo trajo un problema grave: el demandado perdía el bien y, encima, seguía con un porcentaje de deuda.
Apartir de hoy, las reglas cambian.

El Código General de Procesos, normativa que reemplaza al Código Civil, ya no modifica ese avalúo inicial. Es decir, si un perito tasa un vehículo en USD 15 000, el monto se mantendrá igual, aunque haya una, dos, tres convocatorias.

Antes de esta modificación, los jueces civiles, encargados de despachar este tipo de subastas, detectaron “grupos de rematistas”, que se consolidaron por el poco acceso que los usuarios tenían a la información de los bienes ofertados.
Estos grupos, de entre cinco y siete personas, actuaban sobre todo en las segundas convocatorias, cuando el precio de la propiedad ya estaba al 50%.

Si el día de la subasta veían a alguien interesado, uno de ellos comentaba, sutilmente, que el auto, el terreno o la casa tenían impedimentos legales. “Ese tipo de comentarios asustaba al usuario. Se aprovechaban de la debilidad del sistema”, reconoce Fernando Landázuri, juez de la Unidad Civil de Quito.Incluso, el Consejo de la Judicatura descubrió casos de corrupción.

En el 2014, en Guayaquil, un funcionario fue indagado por beneficiarse de remates que hacía en esa ciudad.
De ahí que esto también cambia con el Código de Procesos.

Desde esta semana, los jueces que conozcan procesos de subastas colgarán los datos y una imagen de la propiedad en una plataforma informática creada por la Judicatura.
Los anuncios desaparecerán de las carteleras y el sistema permitirá que, por ejemplo, un lojano, desde su casa, puje por un vehículo que está en Quito.

Todo será en línea.
Con el sistema manual, los usuarios apenas leen las publicaciones que se exhiben en los juzgados. El viernes, la sala de espera de la Unidad de lo Civil de Quito estaba repleta, pero en dos horas, solo dos personas se acercaron a la cartelera. Una era un funcionario y otra, un abogado, Nelson Vivar.

Él fue quien colocó el aviso de la casa que será rematada con un precio de USD 50 000. El viernes fue la segunda vez que pegó el mismo anuncio. La primera vez no hubo ofertas.
Jueces y abogados saben que en una primera convocatoria no hay interesados.

Las pujas se disparan en el segundo llamamiento, con el bien al 50%.
 Actualmente, el embargo de las propiedades aplica para aquellas personas que no pueden cancelar sus obligaciones. De esta manera, el juez asegura el pago a los perjudicados.

Sin embargo, el sistema manual impide saber cuántos remates se han ejecutado en el país. Solo hay una idea general. Por ejemplo, en Quito, en una de las dos Unidades de lo Civil trabajan 24 jueces.

Cada uno, en promedio, tramita entre dos y tres subastas cada 30 días.Con la plataforma informática que operará desde hoy, la base de datos será permanente.

Otro problema del sistema manual es la forma en la que se concreta la puja. Los interesados llegan al juzgado con el 10% del valor total de la propiedad.

Ahora, a partir del 20 de diciembre, (el Código de Procesos pide que el bien debe anunciarse al menos 20 días hábiles contados desde hoy) el pago de ese 10% se hará a través de transferencias o depósitos al Banco Nacional de Fomento.


La información del ‘voucher’ debe subirse a la plataforma del CJ para participar.

En contexto


Durante las últimas semanas, los funcionarios judiciales recibieron capacitación de la Judicatura sobre el manejo de la nueva plataforma informática. A través de diapositivas, técnicos que crearon el sistema explicaron los detalles del funcionamiento del programa.

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