Resulta difícil entender que varios organismos de control estatal creados por la Constitución, la Ley y mediante decretos únicamente tengan la potestad para emitir informes y sin ningún valor vinculante; de lo cual se aprovechan algunos “fiscales ejecutivos” para solicitar a los juzgados el archivo y desestimación de las causas, ya sea por la cantidad de fojas que integran los cuerpos o por pereza laboral; caso concreto de dos causas de abuso doloso de funciones e incumplimiento de sentencias en la administración pública, que la ex Secretaría Nacional Anticorrupción determinó indicios de responsabilidad penal contra los autores, cómplices y encubridores, habiendo sido corroborada por la Contraloría, jueces de lo Civil y la Corte Constitucional, pero desechadas de manera inexplicable por la Fiscalía.
De no ser por la sapiencia y honestidad excepcional de algunos jueces, corremos el grave riesgo de que delitos como estos pasen a formar parte de las reliquias de la impunidad.
¿Alguna respuesta, fiscal Washington Pesántez?
Saúl Mayorga Puma