21 de January de 2010 00:00

El relevo a la Corte será a largo plazo

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

El relevo inmediato de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no es un panorama que se contempla viable en la Asamblea. 

La Corte actual es de transición, según lo resuelto en la Asamblea Constituyente, pero durante su gestión ha emitido fallos considerados polémicos  a favor de procesados, como Jorge Hugo Reyes Torres, Carolina Cabrera, Raúl Carrión, etc. (ver cuadro adjunto) y, recientemente, los hermanos Roberto y William Isaías.



USD  600 millones
es el perjuicio que causó Filanbanco al Estado, según determinó una auditoría.

A pesar de ello, un cambio integral del organismo solo será posible cuando se integre el Consejo de Participación y Control Social, que deberá nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, el cual a su vez tendrá que realizar un concurso para reestructurar al máximo Tribunal.

La actual Corte nació tras la aprobación de la nueva Constitución en Montecristi.  El texto legal determinó que debían ser 21 los magistrados de la Corte y no 31,  como era hasta 2008.

Esto generó un cisma, pues los asambleístas determinaron que la designación de los nuevos jueces nacionales debía hacerse mediante un sorteo. La mayoría de los judiciales rechazó esta decisión y se negó a participar.

Ellos fueron elegidos luego de un proceso de selección, que tuvo veedurías nacionales e internacionales, y que fue aplaudido por la OEA y la ONU.

El ex magistrado Mauro Terán dijo que los problemas que se evidencian hoy en la CNJ son el resultado de un proceso hecho al apuro y sin dar el valor que tiene la administración de justicia. “Ellos tienen la Corte que  quisieron. Es el resultado de la prepotencia y falta de análisis en la Constituyente”, sostuvo.

Sin embargo, para el ex asambleísta  constituyente y actual legislador Rolando Panchana, el sorteo fue la única posibilidad de “respetar la democracia y que no se diga que nosotros elegimos a dedo a ningún juez”.

Asimismo, su coidearia Roxana Alvarado dijo que los ex magistrados tienen responsabilidad en la situación de la actual Corte. “Ellos se negaron a formar parte del Tribuna, cuando eso era lo que determinaba la Constitución”.

Para Alvarado, los cambios que se han planteado en el Código Orgánico de la Función Judicial y en los que se plantearán en el Código Penal y de Procedimiento Penal, servirán “para destapar la cloaca que existe en la justicia. Todavía gobiernan en las cortes los mismos de siempre”.

Precisamente una de las principales modificaciones, según Alvarado,  fue otorgar a la Judicatura la posibilidad de elegir y sancionar a los conjueces. Esta potestad antes estaba en manos de los miembros de la Corte Suprema.

Con esto se determinó que los conjueces también se deben y están regulados por la Judicatura. “Antes eran abogados en libre ejercicio que entraban y salían de los casos, cuando los jueces titulares no querían ensuciarse las manos”, afirmó Alvarado.

Por ello, incluso cree que se debería analizar la conducta de los jueces de la Primera Sala que se excusaron de conocer el caso, porque denunciaron  que se les intentó coimar para fallar a favor de los hermanos William y Roberto Isaías.

En la Asamblea hay malestar por la decisión y no se descarta iniciar un juicio político contra los vocales de  la Judicatura. Este organismo nombró a los conjueces.
 
Además de analizar la actitud de los jueces, también se va a revisar su fallo. La Procuraduría pidió la revocatoria de la providencia emitida el 15 de enero pasado. Esta, según el jurista Jorge Zavala Egas, todavía no se ha ejecutoriado, pues las partes procesales tenían tres días para presentar sus reparos a la decisión.

Sin embargo, él cree que la actuación de Mazzini, Salazar y Rojas fue ilegal, pues “no tenían la potestad para modificar el tipo de delito penal por el que los Isaías iban a ser juzgados. Solamente debían resolver una aclaración  al llamamiento a juicio, dictado por los jueces de la Primera Sala Penal en mayo pasado”.

El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, pidió a la Corte que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos, contra los conjueces.

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