13 de diciembre de 2015 00:00

Los taxis sin permiso confluyen en 27 sitios

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Mayra Pacheco

El servicio no regularizado de taxis enfrenta otro dilema. No hay un proceso a la vista para formalizarlo y si se lo hace, el procedimiento será distinto al del 2011. Los cupos serían asignados a cooperativas y a compañías ya constituidas.

Las posibles inversiones realizadas para regularizar estas
unidades tampoco tendrían mayor futuro. Entre los conductores de estos vehículos es conocido que para acceder a un cupo para formalizarse deben pagar entre USD 3 000 y 8 000. La promesa es la misma: garantizar un puesto cuando se inicie un proceso de regularización.

Víctor C., conductor de una unidad no formal, quien aguardaba el viernes fuera del Quicentro Sur, comentó que a pesar del anuncio de las autoridades tiene la expectativa de regularizar su unidad en el 2016. “Pagué USD 500 de la cuota inicial. En total, el cupo cuesta unos 3 000”.

Los recursos económicos son entregados a supuestos dirigentes de las compañías, con el propósito de realizar trámites, antes del proceso de regularización. Kleber Z., quien trabaja en un taxi no formal desde el 2012, comentó que entregó una cantidad similar (USD 3 000) para contar con los permisos. Pero aún no ha tenido resultados. Cada año le aseguran que el proceso se concretará, pero hasta la fecha el único comprobante de su ­inversión es un recibo.

Paco Velasco, presidente de la Unión de Operadoras de Taxis de Pichincha (Uprotapi), mencionó que las autoridades deberían investigar la supuesta venta de cupos para regularizar a los carros particulares y sancionar a los responsables. “Esto genera expectativas y hace que la gente invierta en vehículos para poder trabajar. Hay que parar esta situación”.

Las personas que recurren a este tipo de prácticas, solicitar dinero a cambio de regularizar unidades, deberían ser denunciadas, mencionó Darío Tapia, secretario de Movilidad. El funcionario, además, aclaró que no se ha emprendido una nueva regularización.

De hecho, la actual administración municipal aún no ha realizado el estudio para determinar si se requieren o no más taxis. Esto se hará en el 2016. Si se abren cupos, serán para las operadoras ya constituidas.

Actualmente, en el Distrito circulan 14 617 taxis formales. Sobre las uni­dades no regularizadas, es decir con placas particulares y sin permisos, se estima que son 6 000, según la Secretaría de Movilidad.

La presencia de estos es evidente en sitios de concurrencia masiva.

Algunos tienen paradas fijas. Por ejemplo, en el exterior de la estación del trole El Recreo, ahí el viernes pasado en la tarde, en la calle Miguel Carrión, junto al andén, se identificaron ocho taxis no formales. Otros se promocionan de una forma más discreta. Hacen juegos con las luces a los posibles usuarios, ponen rótulos en las viseras del carro o se mezclan con los taxis autorizados en las paradas habituales.

La cautela entre los conductores que ofertan este servicio es primordial para evitar sanciones. Por transportar pasajeros sin contar con los permisos, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una multa de USD 708, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y la retención de las unidades durante siete días mínimo. En el caso de que los vehículos retenidos sean amarillos, como los taxis, estos deben ser pintados de otro color para que puedan circular.

Entre julio y noviembre, 1 500 vehículos particulares han sido retenidos en Quito por prestar el servicio de taxi sin autorización. Para frenar este tipo de actividad, se reforzarán los controles y se habilitará un nuevo patio de retención en Quitumbe, en el sur.

El gremio amarillo ha acordado también reunirse con los representantes del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Interior, para solicitar celeridad en los trámites y para que se sancione a quienes adulteren los permisos de operación.

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