1 de febrero de 2017 17:13

El Registro Civil defendió el padrón electoral ante el TCE

El Registro Civil se defendió durante la audiencia oral de prueba y juzgamiento en la sede del Tribunal Contencioso Electoral , este 1 de febrero del 2017. Foto: Paul Rivas/ EL COMERCIO

El Registro Civil se defendió durante la audiencia oral de prueba y juzgamiento en la sede del Tribunal Contencioso Electoral , este 1 de febrero del 2017. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Adriana Noboa

Néstor Marroquín, exauditor informático acreditado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual candidato en Pichincha por el PSP, demandó al Registro Civil ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Les acusa de presuntamente haber incumplido con la entrega oportuna de información al CNE y de no haber depurado el padrón electoral. Ambos delitos electorales.

Este 1 de febrero de 2017, el Registro Civil (RC) se defendió durante la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en la sede del Tribunal, al norte de Quito. Jorge Troya, director del Registro Civil (RC) estuvo representado por el abogado de la institución, Juan Pablo Álava.

El RC presentó cinco testigos a su favor: tres funcionarios de la misma entidad y dos del CNE. Los primeros, Claudio Prieto, Yamilia Daraio y Manuel Plasencia adujeron que la institución ha cumplido con todos los procesos legales requeridos durante el trabajo conjunto con el Consejo, para elaborar el padrón electoral. Asimismo resaltaron la labor de la institución y la tecnología y modernización de sus sistemas.

Diego Tello y Wilson Hinojosa, del CNE, insistieron en que la base para la creación del padrón electoral es la base de datos provista por el Registro. Pero aclararon que la institución cumplió con lo requerido por la autoridad electoral.

La denuncia indica que en el registro electoral habría ciudadanos con doble cédula, fallecidos, cédulas con series anuladas y números de cédulas no asignadas. Sin embargo, Álava descalificó estos argumentos pidió al juez Arturo Cabrera Peñaherrera que deseche la causa por ser temeraria e infundada.

Según el Registro Civil, dijo Álava, no hay pruebas que sustenten las acusaciones, más que unos “pseudo informes” y “documentos fácilmente adulterables”, que estarían “induciendo a engaño”.

Nelson Rivadeneira, abogado de Marroquín, insistió en que las pruebas están dadas con los informes técnicos y las denuncias de la ciudadanía, aunque no se hayan oficializado, y que el Registro Civil debe admitir su error.

Marroquín dijo al final que si se llega a comprobar que el Registro incurrió en estos presuntos delitos, las elecciones podrían ser anuladas, ya que la alteración del padrón electoral es una causal para ello.

El juez Cabrera tiene 30 días para resolver la causa, sin embargo se espera la sentencia de primera instancia en menos tiempo.

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