El prefecto Gustavo Baroja pone reparos a la integración provincial por regiones. Foto: Archivo EL COMERCIO
La Constitución de Montecristi se propuso crear hasta el 2016 las llamadas regiones autónomas, como una nueva forma de integrar a las 24 provincias. Sin embargo, ese anhelo ha perdido interés político.
No solo porque hasta el momento, es decir seis años después de la entrada en vigencia de esta Carta Política, las autoridades seccionales han dado pocos pasos para concretar estos espacios, sino porque una de las 17 enmiendas constitucionales dilatará indefinidamente su conformación.
El proyecto que impulsa Alianza País busca suprimir, mediante el cambio en la Disposición Transitoria Primera, el plazo de ocho años que allí se estableció para tener listo el nuevo mapa regional.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) determinó que serán los mismos prefectos provinciales quienes propongan la creación de la región. Por el contrario, es el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el principal impulsor de esta enmienda.
Según el Cootad, el Ecuador requiere de este proceso de reorganización, “para superar la centralización, el regionalismo y el abandono de territorios y poblaciones históricamente excluidas”. En ese sentido, la propia Constitución mira a las regiones autónomas como punto más alto de la división política, a la que siguen las provincias los distritos metropolitanos, los cantones y las parroquias. Además, se permite la existencia de regímenes especiales, que se refieren a “comunidades indígenas, afros o montubios”. Todos estos espacios debían gozar de autonomía política, administrativa y financiera. Esta estructura parte de la premisa de que la descentralización debe ser “obligatoria y progresiva”.
Sin embargo, este proceso no ha entusiasmado a las autoridades locales. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) es uno de los sectores que más reparos ha puesto.
Su titular, el prefecto Baroja, ha señalado que la regionalización pudiera afectar las competencias que hoy poseen los gobiernos provinciales.
Según los artículos 262 y 263 de la Constitución, tanto los gobiernos regionales como los provincias tienen similares responsabilidades, aunque en diferente escala, como la planificación y ordenamiento territorial; la gestión en el ordenamiento de las cuencas hidrográficas; así como la planificación de los sistemas viales, entre otros puntos.
Además, el trámite que se definió para la conformación de las regiones resulta complejo. Las provincias interesadas en unirse en una región deben crear un proyecto de estatuto que deberá ser aprobado por la Asamblea y la Corte Constitucional, así como refrendado en una consulta popular. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha conocido de ningún proyecto de este tipo.
La única iniciativa que podría acercarse al espíritu de la regionalización que propuso Montecristi la elaboró la Secretaría de Planificación (Senplades), que es parte del Ejecutivo. Esta instancia dividió al país desde una lógica geográfica buscando integrar a las provincias de las Costa, Sierra y Amazonía.
Ante este panorama, los asambleístas de Alianza País en su propuesta de derogar los plazos para la conformación de las regiones, señalaron que este tiempo no garantiza el debido cumplimiento de los objetivos estipulados en la Constitución.
Para el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, hablar de la regionalización es un tema más profundo que hablar de un plazo. “Las regiones no se forman por orden o por ley, sino que son identidades históricas de los pueblos que las conforman”. A su parecer, establecer un sistema donde los prefectos tienen que ponerse de acuerdo y proponer esta conformación, es un problema. Sobre todo, “en un país donde a los prefectos lo último que les conviene es tener otra autoridad intermedia”.
La propuesta de enmienda de Alianza País, además, se da luego de las elecciones del 23 de febrero, donde el oficialismo cedió espacio electoral a otras fuerzas políticas.
Por lo que si las regiones autónomas, por ejemplo, estuvieran ya vigentes, estas estarían integradas por prefectos de diferentes agrupaciones.