14 de December de 2009 00:00

El Régimen aún no define la Ley eléctrica

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Redacción Negocios

El Gobierno trabaja en definir el nuevo modelo de funcionamiento del mercado de compra y venta de energía dentro de la nueva Ley del Sector Eléctrico, donde el Estado retomará su papel protagónico en la generación, distribución, transmisión y regulación.



USD 1 100
millones

en activos es el valor con el que arrancó  la Corporación Nacional de ElectricidadAunque en 1996 se aprobó una normativa que buscaba que las empresas privadas se hagan cargo del sector y determinaba para el Estado la competencia de la regulación, luego de más de 10 años de intentos fallidos no se ha podido concretar este modelo.

Por el contrario, el régimen del presidente Rafael Correa trabajó a través de los mandatos 9  y 15 en volver a concentrar las empresas de distribución y las generadoras.
Por ello, el nuevo modelo busca conjugar la rectoría del Estado con el incentivo, para que los privados entren también en el mercado energético, exclusivamente en el área de generación.
En esta línea, técnicos del Ministerio de Electricidad mantienen reuniones con funcionarios de  Senplades para definir el funcionamiento del área y plasmarlo en la nueva Ley del sector.

El ex ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, a su salida en julio pasado, dejó en el proyecto inicial de Ley un bosquejo del funcionamiento del mercado energético. Según Mosquera, en los  años noventa  hubo un salto incoherente del modelo que concentraba todos los servicios eléctricos en el ex Instituto Nacional de Electrificación (Inecel) a uno  en el cual el Estado debía vender sus empresas de distribución y generación al sector privado.

Este nuevo diseño no funcionó porque la tarifa eléctrica permanecía fija y el mercado local  era  pequeño. El principal problema que afrontaron las distribuidoras era que compraban energía a un costo más alto del que debían ofertar a sus consumidores. Ello provocó un déficit tarifario que se traducía en el retraso de pagos a las generadoras. El Estado no  asumió estas deudas y las empresas carecían de recursos para hacer nuevas inversiones.

Estas circunstancias no eran     atractivas para la inversión privada que no veía rentabilidad. Pese a ello, hubo inversiones en centrales termoeléctricas desde los privados y en hidroeléctricas como Hidroabánico, Calope, Hidro Sibimbe y Manageneración.

Dentro de este nuevo contexto, Mosquera propone un modelo donde la distribución continúe concentrada en manos del Estado al igual que las grandes generadoras.
Bajo este nuevo esquema, el Estado se  posiciona como único  comprador  que asume los diferenciales de precio de la energía, según su generación, y entrega a las distribuidoras una tarifa única para que  no asuman un déficit.

Hasta allí, un modelo similar al del ex Inecel. Sin embargo, indica que dentro este sistema las generadoras privadas también le podrían vender al Estado o directamente a los grandes consumidores. Estos últimos tendrían la oportunidad de negociar mejores tarifas con el Estado o con los privados, mediante pagos anticipados que incentiven las inversiones en nueva infraestructura.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha dado a conocer los detalles de cómo funcionará el mercado eléctrico con la nueva Ley.

Para el representante del presidente ante el Comité de Crisis Energética, Miguel Calahorrano, el Estado debe mantener a su cargo el monopolio natural del sector eléctrico, pero una vigilancia permanente de la ciudadanía para que prevalezcan los criterios técnicos a los políticos.

Asimismo, indica que se puede tomar como ejemplo al modelo francés, donde una empresa  única firma cada tres años un contrato con el Estado y   se definen claramente la forma de control y los objetivos de eficiencia a cumplir.

Para el ex presidente del Consejo Nacional de Electrificación, Alejandro Rivadeneira, la nueva Ley   tiene que definir reglas claras para que también pueda invertir el sector privado y que esta no interrumpa el flujo de capitales durante los próximos años.

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