La ex asambleísta María Augusta Calle, ponente de la denuncia. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Esta semana el Gobierno tendrá una reunión con embajadores para revisar la denuncia de 17 tratados bilaterales de inversión (TBI), que fue aprobada por la Asamblea saliente. Así lo confirmó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, tras un evento organizado por los exportadores.
Entre 1968 y 2002 Ecuador suscribió 30 TBI. De ellos, 13 ya no están vigentes por diversas causas, que incluyen la notificación directa de terminación por el Gobierno de Rafael Correa a las embajadas, pues antes del 2008, el trámite podía cumplirse sin el tratamiento del Legislativo nacional.
Con la nueva Constitución, el proceso debe pasar por esa vía. Del 2010 al 2017, la Asamblea denunció los 17 tratados restantes por incluir arbitrajes en sedes extranjeras, algo que contradice el artículo 422 de la Carta Magna.
Para que el trámite termine, el Ejecutivo debe pronunciarse (solo lo ha hecho en el caso de Finlandia). El Ministerio de Comercio Exterior anunció que comunicó a las embajadas de 17 países la disposición de renegociar nuevos acuerdos.
El sábado 13 de mayo, en el Enlace del presidente Rafael Correa, el canciller Guillaume Long apuntó que en realidad solo son 16 (sin detallar cuáles) y ratificó que la idea es negociar nuevos acuerdos.
Sin embargo, gremios y delegaciones diplomáticas han pedido que no se termine el proceso de las denuncias y que se renegocie. Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea acreditada en Quito, sostuvo el jueves en Ecuadoradio que las inversiones requieren de confianza y seguridad jurídica y que trabajarán con el Gobierno en la búsqueda de una solución.
Una de las principales inquietudes es el impacto que pudiera tener la denuncia en la llegada de inversiones.
Los TBI actúan como un mecanismo para proteger a las inversiones de riesgos políticos: expropiaciones y nacionalizaciones, solución de controversias con arbitrajes internacionales, trato justo, entre otros.
Ecuador, según la Cámara de Comercio de Quito, ha recibido en 16 años más de USD 5 000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), proveniente de 28 de los 30 países con los que ha suscrito un TBI.
Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador (Fecabe), entidad que agrupa a 18 gremios, reconoció que los montos de IED que recibe el país son bajos y que la llegada de capitales extranjeros podría impactarse más con la pérdida de los TBI.
Los inversionistas pudieran preferir países, principalmente en la región, que les den las protecciones de los acuerdos.
Ecuador no es el único país que ha renunciado a estos convenios. En los últimos años, naciones como India y Sudáfrica también han denunciado sus TBI, pero los efectos no se pueden aún cuantificar, por ser procesos recientes.
Hay quienes sostienen que países con mercados grandes o con políticas macroeconómicas estables no requieren de estos tratados para atraer las inversiones, dijo Álvaro Galindo, consejero internacional de la firma de abogados Dechert. Un ejemplo es Brasil.
Galindo cree que un TBI es únicamente un complemento a ciertas características que puede buscar un inversionista. No obstante de ello, hay empresarios dispuestos a tomar un mayor riesgo debido al potencial retorno que puedan obtener sus capitales. “Por esta razón, vemos que las grandes inversiones petroleras se realizan en países que no necesariamente se caracterizan por contar con instituciones sólidas y mercados estables”.
Negociar un TBI no es tarea fácil. Países considerados como grandes exportadores de capitales al Ecuador y no receptores de inversiones ecuatorianas podrían no tener los suficientes incentivos para iniciar un proceso de este tipo.
Para Xavier Andrade, socio de la firma Andrade Veloz y profesor de arbitraje internacional de la Universidad San Francisco de Quito, ninguna inversión relevante se hace en Ecuador si no existe una cláusula de arbitraje internacional.
Ecuador tiene como alternativa arbitrajes con sede en Latinoamérica. Esto podría incluirse en los nuevos acuerdos.
Un proceso de negociación nueva puede demorar años.El único elemento seguro para los países es que si los acuerdos terminan definitivamente las inversiones hechas hasta ahora quedarán protegidas por hasta 20 años más, según el país.