7 de febrero de 2018 10:00

Las reformas de la consulta se implementarán hasta en 45 días

El presidente de la Asamblea, José Serrano (al fondo), sesionó con los representantes de las seis fuerzas políticas que existen en la Asamblea. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El presidente de la Asamblea, José Serrano (al fondo), sesionó con los representantes de las seis fuerzas políticas que existen en la Asamblea. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacción Política

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Los cambios aprobados en la consulta popular del domingo pasado (4 de febrero del 2018) se concretarán en un máximo de 45 días, luego de la publicación oficial de resultados electorales.

Cuatro de las siete preguntas del proceso electoral entrarán en vigencia de manera inmediata, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados definitivos y se publiquen en el Registro Oficial. Se espera que eso ocurra en los siguientes días.

La autoridad electoral tiene que cumplir con el escrutinio nacional antes de poder hacerlo. La audiencia pública podría instalarse desde mañana, hasta el domingo próximo, 11 de febrero.

El tiempo que se tomen dependerá, en parte, del trabajo de las juntas provinciales y la de las circunscripciones del extranjero. Cuando concluyan el escrutinio deberán enviar las actas al ente electoral nacional. Tienen 10 días para hacerlo. Hasta ayer, 6 de febrero, a las 17:45, 21 de las 25 juntas habían concluido el conteo, según los registros oficiales del CNE.

El escrutinio nacional consiste en examinar las actas levantadas por cada circunscripción para verificar los resultados y corregir las inconsistencias. El CNE podrá pedir que se hagan las verificaciones o comprobaciones necesarias, como la reapertura de urnas para recontar los votos, en caso de que sea necesario.

Una vez concluido el escrutinio se computará el total de los votos válidos y el Consejo proclamará los resultados definitivos. Estos se convertirán en oficiales luego de que se publiquen en el Registro Oficial.

Cumplido este procedimiento entrarán en vigencia los cambios a la Carta Magna como la inhabilitación para sentenciados por corrupción, la eliminación de la reelección indefinida, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y la prohibición de la minería metálica.

También entrará en vigencia parte de los cambios que ordena la pregunta 3, relacionada a cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El presidente de la Asamblea, José Serrano, dividió esta pregunta en tres partes. Las dos primeras, que tienen que ver con la cesación de funciones de los actuales consejeros y la designación de ternas para escoger a sus reemplazos temporales, será de aplicación inmediata. Sin embargo, en el tercer acápite se debe realizar una reforma legal.

En la pregunta se establece la elección, mediante voto universal, de los consejeros permanentes. Para lograrlo se necesita tratar una ley que remita el presidente de la República Lenín Moreno para cambiar la forma de seleccionarlos.

La Asamblea crea una comisión especial

Los representantes de los seis grupos políticos que conforman la Legislatura acordaron, ayer, conformar una comisión especial para que procesen los cambios que los ecuatorianos dispusieron en las urnas. El grupo tiene como misión procesar el proyecto de ley sobre el Consejo de Participación y también impulsar la derogatoria a la ley sobre la plusvalía aprobado en el Régimen anterior.

El presidente Lenín Moreno deberá enviar, en un plazo de 15 días desde la publicación de los resultados electorales, una propuesta, con el carácter de económico urgente para derogarla, según el anexo de la pregunta 6.

El legislador Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), pidió seriedad para cumplir estrictamente el mandato popular y no realizar interpretaciones “antojadizas”. Citó la pregunta 6 y rechazó los criterios de legisladores que piden modificarla.
La aclaración se dio después de que escuchara, la víspera, al presidente de la Asamblea, José Serrano, hablar de una eliminación parcial de la normativa, aprobada en el 2016.

El artículo 106 de la Constitución establece que el pronunciamiento popular será de obligatorio cumplimiento. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la normativa es clara y no se presta a interpretaciones del Legislativo. Por eso, criticó las interpretaciones que han hecho legisladores sobre el papel que podría jugar la Asamblea en la implementación del mandato ciudadano.

Indicó que los cambios legales a las leyes de Minería, Servicio Público y a los códigos Orgánico Integral Penal y de la Democracia, que fueron detallados en la consulta , entrarán en vigencia de inmediato.

En cambio, en lo que concierne a la pregunta 7, que trata de redefinir los límites de protección en el parque Yasuní para reducir las zonas de explotación se utilizará un Decreto Ejecutivo. A través de este instrumento se conformará una comisión técnica para que revise los nuevos límites.

En la sesión de ayer participaron representantes de Alianza País, PSC, Creo, y la Bancada de Integración Nacional (BIN). Aunque no son formalmente bancadas, en la cita también estuvieron representantes de SUMA y de Revolución Ciudadana (RC).

Al final de la jornada no se conocieron los nombres de los nueve delegados que conformarán la comisión, con al menos un representante por cada grupo legislativo.

Esta tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá de nuevo para oficializar la conformación. El jueves, en cambio, está previsto que se instale el Pleno del Legislativo para conocer a los integrantes.

En contexto

El Ejecutivo deberá enviar dos proyectos legales sobre la Ley de Plusvalía y los cambios en la designación del Consejo de Participación Ciudadana en 15 y 30 días respectivamente. La Asamblea deberá procesar ambas normativas de manera inmediata.

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