5 de febrero de 2018 00:00

20 reformas se requieren tras la consulta

Continuación de la Sesión No. 494 del Pleno de la Asamblea Nacional / 23 de enero de 2018. Foto: Cuenta Flickr de la Asamblea Nacional

La atención luego de la consulta se fija en la Asamblea Nacional porque ahí se deben procesar los cambios necesarios para llevar a la práctica la consulta. Foto: Cuenta Flickr de la Asamblea Nacional

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Diego Puente

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este lunes, 5 de febrero del 2018, para aprobar la conformación de una comisión especial. Su misión será tramitar los cambios aprobados en la consulta popular y referendo.

Para mañana (6 de febrero), en cambio, han sido convocados los coordinadores de las distintas bancadas de la Asamblea. El presidente del Legislativo, José Serrano, aseguró que con ellos se espera llegar a un acuerdo para definir los nombres de quienes integrarán esa comisión. La propuesta es que nueve personas la conformen y que representen a las diferentes fuerzas políticas.

Las bancadas de Alianza País, el movimiento Creo, Partido Social Cristiano (PSC), Integración Nacional (BIN) y SUMA manifestaron su apoyo a la consulta durante la campaña electoral y movilizaron a sus bases, en mayor o menor medida. Estas organizaciones políticas suman hasta 108 votos en el Pleno de la Asamblea, dependiendo del tema.

La atención luego de la consulta se fija precisamente en la Asamblea Nacional porque ahí se deben procesar los cambios necesarios para llevar a la práctica la consulta.

Se necesitan modificar al menos nueve artículos de la Constitución e implementar otras 11 reformas a otras normativas como la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), Código Orgánico Integral Penal (Coip), Minería y el Código de la Democracia.

La mayoría de los cambios constan en los anexos de la convocatoria que envió el presidente Lenín Moreno al Consejo Nacional Electoral.

Solamente en las dos preguntas de consulta (la derogación de la Ley de Plusvalía y el incremento de la zona intangible del parque Yasuní) no se enviaron artículos puntuales para ser modificados. El Gobierno advirtió que se iniciará un nuevo proceso de construcción de ley para evitar la especulación de tierras.

Para esto, los legisladores tienen un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados de la consulta. Los insumos que resultaron del diálogo nacional impulsado por el Gobiernos con diversos actores vinculados al sector de la construcción servirán como punto de partida.

En cuanto a la pregunta 3 de la consulta, el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto que reforme la Ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el plazo de 30 días. Y en los anexos de la pregunta se establecen 60 días de plazo para que la Asamblea la procese, aunque se prevé hacerlo en menos tiempo.

También se necesitan cambios a los artículos en el Código de la Democracia.

Serrano aspira que en 30 días esté listo el nuevo texto. Con eso, se cumpliría el plazo para que el consejo transitorio de participación y control social tengan funciones hasta el 2019.

Entonces, sería reemplazado por uno definitivo elegido por los ecuatorianos en las urnas, durante los comicios locales. En caso de no lograrlo en los plazos señalados, el organismo de transición podría prorrogar hasta el 2023, cuando se realicen las siguientes elecciones seccionales. Aunque el Gobierno ha hecho énfasis en que el consejo transitorio no podrá prorrogarse.

Con los resultados de la consulta popular, en el Legislativo también se deberá analizar los “vacíos” que resultaron y que han sido advertidos especialmente por los legisladores de las bancadas de oposición.

La Legislatura deberá crear o modificar leyes para que tengan coherencia con las normativas aprobadas. Por ejemplo, Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), se refirió a la pregunta uno en la que se castiga con la pérdida de los “derechos de participación” a los sentenciados por casos de corrupción.

Según el anexo correspondiente a esa pregunta, los sentenciados por concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y otros delitos similares no solo estarán impedidos de ser candidatos a cargos de elección popular o para contratar con el Estado sino que estarían impedidos de participar de las más mínimas tomas de decisiones en la sociedad. “No podrían dar su opinión ni de la vida política del vecindario”, dijo el socialcristiano.

El Presidente de la Legislatura adelantó que se regirán a las modificaciones que aprobaron los ciudadanos en las urnas.
Serrano aseguró que ante cualquier duda que pudiera surgir en el plano legislativo se acudirá a lo aprobado por los ecuatorianos en las urnas.

Hasta ahora, el panorama se muestra favorable para que el Gobierno pueda cambiar las normas necesarias. Solo el grupo autodenominado Revolución Ciudadana (exlegisladores de AP) se mostró contrario a tres de las siete preguntas. Sin embargo esta facción es una minoría; tiene 29 asambleístas que votarían en contra si alguno no decide cambiar de frente.

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