Redacción Cuenca
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En Cuenca, la situación financiera del Municipio se complica. Las causas son tres: la demora en las asignaciones por parte del Gobierno central, la morosidad ciudadana en el pago de tasas e impuestos y un problema judicial.
Según el director financiero del Cabildo cuencano, José Guzmán, el Gobierno central adeuda USD 3,29 millones. De ese monto, USD 1,6 millones corresponden a dos cuotas del Fondo de Salvamento y USD 698 000 por donaciones del Impuesto a la Renta. A eso se suma USD 1 millón de la cuota de julio por la Ley del 15%.
A pesar del retraso, el Cabildo no ha paralizado las obras.
Asimismo, el Municipio cuencano tiene una cartera vencida de USD 12,5 millones, por cuentas por cobrar a los contribuyentes. De esa cifra, USD 4,9 millones son deudas por concepto de impuestos. Mientras que por contribución especial de mejoras (pavimentación urbana), la deuda es de USD 7,6 millones.
Hay otro problema que aqueja al Municipio cuencano. La entidad debe pagar USD 2 millones a la familia Moreira Cedeño, por haber perdido una demanda de expropiación que se realizó en 1992.
El Municipio ya canceló USD 1 millón, a través de un crédito que adquirió en la banca privada.
El Cabildo solicitó otros créditos, pero las entidades financieras tienen frenados los trámites. Según Guzmán, eso ocurre porque se avecina el cambio de administración.
Por la deuda pendiente con la familia Moreira Cedeño, el pasado miércoles fueron embargadas las cuentas del Municipio. “Las cuentas están intervenidas”, dijo el funcionario Guzmán.
Eso implica que todos los rubros que ingresen en la cuenta, que el Cabildo cuencano tiene en el Banco Central, se destinarán al pago de esa deuda.
La situación de Cuenca es diferente a la del cantón azuayo de San Fernando. Según el director Financiero de ese Cabildo, René Andrade, la deuda que el Régimen mantenía con esa institución por concepto de la Ley del 15% fue cubierta hasta junio.
Él confirma que en ese mes recibieron USD 43 583 y que durante todo el año reciben USD 523 000, aproximadamente.
La transferencia de la Ley del 15% regula la distribución, manejo, transferencia y control de la asignación de ese porcentaje del Presupuesto del Gobierno central a consejos provinciales y municipios para planes o proyectos de inversión.
Para el presidente de la Asociación de Municipalidades del Azuay, Bolívar Tapia, las deudas del Gobierno con los cabildos azuayos son altas.
No cuantificó el monto total de la deuda en los 15 cantones, pero aseguró que por concepto de la Ley del 15% el Gobierno debe el 50% del pago de junio y todo lo de julio, que debió transferirse a inicios de este mes.
En le cantón Sevilla de Oro tampoco se paralizaron las obras. Tapia dijo que la salvación para este municipio ha sido la asignación del 1% correspondiente a la venta de energía de la Central Paute, que está en esa jurisdicción.
“Eso suple el desfase que causa la no llegada de USD 35 000 al mes por la Ley del 15%”.
De acuerdo con la información enviada desde la Subsecretaría de Tesorería de la Nación del Ministerio de Finanzas, desde enero hasta junio de este año, esa Cartera de Estado entregó a los municipios USD 330,9 millones por concepto de la Ley del 15%. Mientras que a las Prefecturas se destinaron USD 141,3 millones.
En total, los Gobiernos seccionales han recibido USD 472, 2 millones por esta normativa, en lo que va de este año.
En El Oro y Carchi, las asignaciones no fluyen
Los trabajos de construcción del nuevo mercado de Piñas, en el sureste de El Oro, están paralizados.
La estructura de 5 000 m² se ejecutaba con las asignaciones provenientes de la Ley del 15%. Actualmente, el centro de acopio está levantado en un 70%.
“El Municipio solo ha recibido el 50% de las asignaciones del 15%, correspondientes a junio”, informó José Zambrano, jefe municipal de Obras Públicas.
Otras obras viales también están detenidas, al igual que la construcción de alcantarillas. “Los trabajos en las seis parroquias están frenadas, porque de los recursos del Estado, el Municipio destina USD 25 000 a cada una de esas jurisdicciones”, explicó Zambrano.
De acuerdo con el Departamento Financiero, el Estado tiene aún una deuda con el Cabil-do que supera los USD 500 000. Estos dineros fueron invertidos por el Cabildo en la construcción de obras para la prevención del invierno.
El Gobierno ofreció a los municipios restituir esos recursos.
En el norte del país, en la provincia de Carchi, cinco de los seis municipios aún no reciben completas las asignaciones del Estado. El mismo problema afronta la Prefectura.
La falta de recursos en estos organismos seccionales ya se siente. En el caso del cantón Bolívar, se paralizó la construcción del Mercado Mayorista.
En el cantón Montúfar, en cambio, el alcalde Homero Cadena dijo que si las asignaciones no llegan a tiempo, la nueva administración tendrá que pagar las deudas del Cabildo.