El Gobierno está decidido a mantener el número de empleos en el sector público, un esfuerzo que le demandará unos USD 8 718 millones en un año de menores ingresos fiscales.
El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, dijo semanas atrás que está tratando de mantener los empleos en el sector. “Primero el ser humano es la política”, enfatizó.
Ese no es el caso del ingeniero en comercio exterior, Alejandro Espinosa, que está sin trabajo varios meses. En enero pasado fue desvinculado de una entidad pública. “La salida fue un balde de agua fría porque recién pasó la temporada de diciembre. Había expectativas de ascenso y todo, pero el 18 de enero nos dijeron que no había dinero y solo se quedaría el personal con nombramiento”.
Tardó cuatro meses en ingresar a otra entidad pública, de la cual también fue desvinculado en junio pasado. En ambas laboró bajo contrato. “En el sector privado no están contratando personal nuevo”. Este ingeniero optó por vender ropa y celulares bajo pedido, “aunque no siempre se vende”.
Según datos del informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, a junio del 2015 se registraban en el país unos 467 724 servidores públicos. El dato no incluye a los servidores contratados como gasto no permanente ni a los GAD, empresas públicas y de la seguridad social.
El número es menor frente a la cifra de servidores de junio del 2014; esto es, 5 881 menos.
Al mirar los datos desagregados por tipo de modalidad laboral, se observa que mientras el número de servidores con nombramiento creció en 27 058 servidores entre junio del 2014 e igual mes de este año, el de los empleados por contrato bajó en 32 939.
Pero salidas como las de Espinosa no han sido masivas.
Remigio Hurtado, presidente de la Confederación de Servidores Públicos, comenta que aunque han existido desvinculaciones de personal, las salidas no han sido masivas hasta ahora. Consideró que la diferencia en las cifras se da más bien porque ya no se registran desde este año las vacantes en el sector público.
En algunas entidades como Petroecuador salieron unos 300 funcionarios en este año.
En el Ministerio de Hidrocarburos también se dará un ajuste de personal, pero “más por un tema de eficiencia”, comentó un alto funcionario que pidió la reserva del nombre.
Además, el Gobierno anunció que reducirá este año el número de asesores, lo que implicará la salida de unos 200 funcionarios hasta diciembre bajo esta categoría, según información oficial.
Hurtado comenta, además, que en este año pocos funcionarios han salido con compra de renuncia porque “no existen los recursos para suprimir esas partidas”. Esto es un perjuicio para los funcionarios que quieren desvincularse del sector.
Otro problema, dice Hurtado, es que el Gobierno prefiere llenar las vacantes en el sector público con personal bajo contrato que ganan, en algunos casos, un sueldo mayor frente al del personal de carrera. “Genera un malestar porque personal que recién empieza en el sector público termina ganando más que uno de carrera”.
Si en lugar de eso se llamara a concurso, cree que el Estado se ahorraría unos USD 600 millones o 700 millones.
Para el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, no perder empleo en el sector público tiene dos costos. El primero es para los ciudadanos, pues los gastos en salarios se pagan con tributos.
Acosta Burneo no descarta que el próximo año se puedan dar ajustes para mantener la recaudación tributaria a través de una reducción de deducciones y exenciones más que por un alza de impuestos.
Otra vía para mantener la masa salarial es el recorte de subsidios anunciado tanto al diésel para el sector industrial como a los mayores consumidores de electricidad.
El experto dice que el costo de estas medidas se transfiere al sector privado, lo que podrían acentuar el ciclo de descenso de la actividad económica y, con ello, se perderán más empleos en este segmento. “El costo de mantener el empleo en el sector público es perder empleos en el privado”.
Para Fabián Carrillo, exviceministro de Finanzas, el hecho de que no se den anuncios de recortes en el sector público no significa que no se vayan a dar.
Cree que los atrasos que queden por pagar en este año podrían presionar al Gobierno para desvincular personal.
Miguel García calcula que en diciembre de este año saldrían unos 30 000 funcionarios que hoy laboral bajo contrato.
En contexto
El pasado 21 de octubre, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo 246. La normativa pone nuevos límites a esa contratación en el número máximo de funcionarios estatales que pueden ser contratados en calidad de asesores.