29 de November de 2009 00:00

Razones de Estado

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Grace Jaramillo

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El Ecuador firmó una serie de tratados bilaterales de inversión, en su mayoría en la década de los noventa.

Esos tratados fueron siempre el testimonio escrito del fracaso del multilateralismo para solucionar los temas relativos a las inversiones que demandaban los países desarrollados. Como una medida -en parte de presión, en parte de blindaje- los países desarrollados y luego también los subdesarrollados, empezaron a demandar a sus socios este tipo de tratados. Ecuador se sumó a la moda en 1993, el primero que firmó fue con Estados Unidos, pero en el mismo año se sumaron: Chile, Venezuela, Francia, Reino Unido, Argentina… La lista reunió a 17 países en total.

En circunstancias normales, Ecuador no debía firmar esos tratados. Los inversionistas debieron haber creído en la justicia ordinaria nacional y ya.

Pero sabemos que la realidad es un poco más complicada  y que las cuestiones más extrañas tienen una salida muy simple si priorizamos lo importante: el imperio de la ley, la inversión productiva y los puestos de trabajo que son lo que realmente importa para los ecuatorianos de a pie.

Si la nueva Constitución prohíbe el arbitraje internacional, excepto el latinoamericano, la solución es renegociar todos los tratados para que estén de acuerdo con el texto constitucional.

Si no nos gusta el tribunal del Ciadi, tampoco descartemos mecanismos alternativos de solución de controversias en otros escenarios. Eso sí, tengamos una dosis mínima de realismo para entender que las compañías extranjeras no van a aceptar a la Alba para un arbitraje, y tampoco pueden acudir a la OMC porque solo los Estados pueden hacerlo y solamente para temas amparados en las listas negociadas.

Los 13 gobiernos cuyos tratados serán denunciados se preguntarán por qué fueron discriminados frente a los otros cuatro países cuyos tratados seguirán vigentes.

Alemania, que ofreció 65 millones de dólares para una iniciativa tan importante y valiosa como el ITT está pensando en retirar la oferta si su tratado se termina. Y este es solo un ejemplo de  las implicaciones de una denuncia semimasiva y no tan diplomática como ésta.

Lo que es peor, no hemos pensado en escenarios en los cuales Ecuador podría necesitar un tratado como este para defenderse.

Por ejemplo si, por alguna razón -que esperamos nunca se presente- la empresa china que va a construir Coca-Codo Sinclair incumple con el Estado, ¿no es más fácil tener un tratado para solucionar las diferencias? ¿Creemos en verdad que sería más fácil poner un juicio en China?

Son preguntas al azar para una conclusión inequívoca: se pueden reformar dichos tratados, defender el interés nacional y cumplir con la Constitución a la vez, sin caer en el vacío. De paso demostraríamos más razones de Estado y no solo ideología.

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