8 de septiembre del 2016 00:00

Rafael Correa litiga como ciudadano y Presidente

El presidente Rafael Correa pide a la Asamblea Nacional que tramite y apruebe el proyecto para refomar la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y la Ley de Pensiones de las FF.AA. Foto: EL COMERCIO

El presidente Rafael Correa ha iniciado 21 procesos judiciales desde que llegó al poder por primera vez. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Política
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El presidente Rafael Correa ha iniciado 21 procesos judiciales desde que llegó al poder por primera vez. La primera denuncia fue hecha en junio del 2008 y la última fue presentada el 5 de septiembre. En este lapso, el Jefe de Estado ha planteado 13 de esos juicios como ciudadano, en estos procesos no consta su cargo de Primer Mandatario, según el sistema de la Función Judicial.

Entre estas causas, 10 casos han sido por daños a la moral, injurias, calumnias, falsos testimonios y perjurios. Son figuras que atentan contra su buen nombre. Hasta el momento, en ocho procesos como ciudadano ha obtenido ocho sentencias favorables, sin contar aquellas que fueron archivadas. Desde el retorno a la democracia, en 1979, Correa ha sido el Presidente que más demandas ha interpuesto.

El jurista y analista Miguel Puente dice que los gobernantes o funcionarios públicos deberían ser tolerantes a las críticas, ya que por su trabajo están sujetos a ser fiscalizados.

Pero aclara que eso tampoco implica que la ciudadanía pueda agredir a la autoridad, ya que el daño moral podría convertirse en motivo para una demanda.

Sin embargo, el jurista Joffre Campaña opina que el Presidente jamás debió instaurar procesos “escudándose en que es un ciudadano”, ya que son temas relacionados con el ejercicio propio de sus funciones. Por el mismo cargo que ostenta el ciudadano Rafael Correa, agrega, la administración de justicia “no ha podido obrar con absoluta libertad”.

Campaña ha sido abogado defensor en casos iniciados por el Mandatario, e incluso él estuvo implicado en una querella personal con Correa, que terminó siendo archivada.

Puente y Campaña consideran que no existe una independencia de las demás funciones del Estado y eso termina privilegiando los procesos que el ciudadano Rafael Correa, y a la vez Presidente, lleva en contra de ciudadanos comunes.

La línea que separa al ciudadano del Jefe de Estado no existe. Esto lo afirma Caupolicán Ochoa, abogado personal del Mandatario, quien lo ha representado en varios juicios. Precisamente, la última sentencia que consiguió a su favor fue en contra del vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, del movimiento Creo.

Del Pozo fue condenado por desacreditar la honra del presidente Correa, y la pena conlleva la prisión de 15 días, una multa de USD 90 y ofrecer disculpas públicamente. La última parte es la que más molesta al Vicealcalde, por lo que aseguró que no la cumplirá y apelará el dictamen.

Pero aquí, Ochoa insiste en que “no podemos diferenciar las dos calidades que se concurren en un ser humano, pero el economista Correa lo que ha hecho es reclamar el derecho que como persona común y corriente debe precaver: su honra”. A los ojos del abogado del Presidente, este es un derecho fundamental al que no se puede renunciar.

Uno de los casos más emblemáticos dentro de esta temática fue el caso El Universo, donde la acusación del Mandatario por injurias arrojó una sentencia de USD 40 millones en contra del rotativo. En este caso el Mandatario los perdonó.

Puente señala que es difícil determinar el daño en este tipo de afectaciones, porque depende de la valoración de los jueces, pero dice que debería tomarse en cuenta el sistema de Colombia, donde se establecieron límites. Campaña agrega que sí debe haber una forma de probar cuál es el daño causado, para evitar los excesos.

Esto depende del caso. Por ejemplo, en el último, contra Del Pozo, Ochoa explicó que “no hemos pedido absolutamente nada, lo único que hacemos es poner en conocimiento del juez un acto que constituye una infracción de carácter ­penal”. Por ende, el tiempo y monto establecidos en la sentencia los define el juez.

Para Campaña, todos estos juicios iniciados por el Primer Mandatario tienen por objetivo “sembrar miedo en la ciudadanía”; es decir, que cuando las personas saben que un Presidente puede enjuiciarlos, se abstienen de opinar en asuntos del Gobierno. Puente concuerda en que esto es una forma de ejercer control en la sociedad.

Ambos juristas están de acuerdo con que una figura pública -y más las autoridades electas- debe rendir cuentas y ser más tolerante con las opiniones en su contra.

De todas formas Ochoa insiste en que cualquier ciudadano, sin importar el puesto que ocupe, tiene derecho a recurrir al sistema judicial si es objeto de expresiones de descrédito. El abogado del Presidente rechazó que estos procesos se relacionen con asuntos políticos.

En contexto

El presidente Rafael Correa inició su juicio más reciente solicitando una acción de protección contra cuatro uniformados de la Fuerza Naval. Y la sentencia más reciente a su favor fue en un proceso como ciudadano, contra el Vicealcalde de Quito.

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