9 de marzo de 2018 20:20

Los radares ubicados en la prolongación de la av. Simón Bolívar funcionan de forma preventiva

La velocidad permitida (por el momento) en la prolongación de la Simón Bolívar es de 60 kilómetros por hora. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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María Belén Merizalde

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Dos radares de velocidad empezaron a funcionar desde el pasado 26 de febrero del 2018 en la prolongación de la avenida Simón Bolívar, que va desde el intercambiador de Carapungo hasta San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito.

La velocidad permitida (por el momento) en esa vía es de 60 kilómetros por hora. En los costados están colocadas señales de tránsito que informan a los conductores que se realiza un control por radares.

Un radar es un dispositivo que permite a través de un panel registrar la velocidad de circulación de un vehículo y, en caso de exceder los límites permitidos, tiene una cámara fotográfica para registrar la infracción; lo que sirve de sustento para la posterior sanción.

Sin embargo, estos dos nuevos dispositivos que están ubicados en cada extremo de la vía; es decir, uno cerca al intercambiador de Carapungo y el otro a pocos metros del redondel de Maresa, solo están cumpliendo una función preventiva, todavía no sancionadora.

Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que los dos radares solo están activos para informar y prevenir.

“Estos radares tienen el panel que informa la velocidad y luego emiten un destello de luz, que muchos creen que es la foto, pero en realidad ese destello es una alerta que se da al conductor cuando está fuera de los límites permitidos y le está previniendo para que reduzca la velocidad”, indicó el funcionario.

A decir de Puga estos equipos fueron colocados con el objetivo de que los conductores circulen a una velocidad adecuada, por cuanto la vía no ha sido inaugurada oficialmente pues aún faltan algunos elementos de seguridad como iluminación y puentes peatonales.

Según las autoridades municipales colocar todos los elementos de seguridad tomará al menos diez meses.

Una vez que este tramo cuente con lo necesario, las autoridades analizarán los posibles puntos críticos para determinar si permanecen los radares o son instalados en otros sitios. “Nosotros no buscamos multar con los radares, buscamos prevenir”, dijo Puga.

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