7 de May de 2012 00:01

Vecinos de Ponciano Alto se oponen a Casa de la Justicia

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Hoy empieza a funcionar la Casa de la Justicia, ubicada sobre la calle Joaquín Mancheno, a la altura de la Tadeo Benítez, en el sector de Ponciano, en el norte.

Esto, pese a que el pasado febrero la Corte Constitucional emitió una sentencia a favor de los moradores, quienes exigían la paralización total de la obra y la recuperación del espacio.

Hasta diciembre del 2009, en el predio de aproximadamente 16 000 m² funcionaba un parque. Para Carmen Galárraga, moradora del barrio Ponciano Alto, el parque representaba el único espacio verde de la zona industrial en la cual vive.

“En los alrededores funcionan varias fábricas, el parque oxigenaba al barrio. No nos quitaron un predio, nos quitaron un pulmón”, asegura.

La construcción de la entidad, que ocupa 2 513 m², se inició el 25 de febrero del 2010, pero se suspendió el 23 de marzo, por las protestas de los vecinos. En los planos iniciales, según Rocío Cevallos, dirigente del barrio, constaban 45 cárceles para dos personas cada una. Esa fue la razón primordial para que los vecinos se movilizaran en contra de la construcción.

A las 11:00 del pasado viernes, guardias de seguridad custodiaban la entrada de la edificación.

En una oficina del segundo piso, Édgar Guadalupe, coordinador de la Casa de la Justicia, revisaba algunos papeles para coordinar la ubicación para las diferentes dependencias de justicia.

El edificio que se construyó unifica a la Policía Judicial, médicos legistas, defensores públicos, peritos, juzgados, Dinapen, Unidad de Investigación de la Policía y hay un espacio para la coordinación de entidades del Municipio, como salas de mediación, indicó Guadalupe.

Agregó que en la parte posterior hay una sala de uso comunal que está completamente adecuada para las reuniones barriales. Frente a la posición de los moradores y a la sentencia emitida a su favor, el empleado público aseguró que el pasado 26 de abril recibió, por parte del Juzgado Octavo de la Niñez y la Adolescencia, una respuesta al recurso de apelación. “En el último párrafo se indica que la sentencia no puede ser ejecutada, pues es ilógico derrocar una edificación y devolver los árboles que ocupaban el predio”, aseguró.

En un recorrido por las instalaciones, Guadalupe aseguró que ningún sector está destinado para ser centro provisional de detención. Frente a esto, Cevallos y Galárraga comentan que el hecho de que hayan juzgados y salas de interrogación e investigación ya representa un peligro para los moradores. “Los delincuentes y sus familias van a llegar acá, el sector va a ser inseguro”, comenta Galárraga.

Juan Estrada, otro morador, no comparte la opinión de sus vecinas. Para él, este será un espacio integrado de la justicia. “Los ciudadanos podremos hacer en un mismo sitio las denuncias y tramitarlas. Lastimosamente, cuando la gente escucha Casa de Justicia enseguida lo relaciona con cárceles”, comentó.

La inversión

El Municipio invirtió USD 1 200 000 en la obra.  

En febrero, la Corte Constitucional emitió una sentencia a favor de los vecinos, quienes exigían la paralización total de la obra y la recuperación del espacio público para el barrio.

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