2 de December de 2010 00:00

La reubicación de las familias de La Garzota a un albergue empezó

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Redacción Quito

Una ligera llovizna caía la tarde del martes, en La Garzota del barrio Las Cumbres, en Santa Bárbara de Chillogallo.

María Marquines protegía a su bebé del viento helado que corría en ese barrio del sur de Quito. Ella era la única de la familia de nueve miembros que ya estaba en una de las camionetas de la Policía Metropolitana, que los recogió para llevarlos a un albergue temporal, en Quitumbe.

La casa donde ella vive desde hace un año está en riesgo y por eso prefirió salir. Está cerca de la vivienda que quedó sepultada tras un derrumbe esa madrugada. Allí murió una pareja que esperaba un bebé y dos niños más.

En el sector se ve la tierra negra y floja de tanta humedad. Contrasta con la tierra ocre y visiblemente compacta de los alrededores. Nadie se había dado cuenta del riesgo que tenían encima. El agua se filtró y causó la tragedia. Según recuerda Maribel Castillo, quien vive en la misma casa, hubo un deslave pequeño hace un tiempo, pero no causó mayores problemas.

No imaginaban el riesgo al que estaban expuestos. Después de la tragedia de la madrugada, su familia no se negó a salir.

Al llegar al albergue, en Quitumbe, la mujer instaló sus cosas en la cocina, para preparar la merienda. Los niños cuidaban al bebé. Marquines ayudaba a tender los colchones para dormir.

Ana Tarapués es una de sus vecinas. Se quedó en el barrio, mirando desde lo alto a la ciudad. Vive ahí desde hace 15 años. Con evidente preocupación vio a sus vecinos evacuando. A ella no le pidieron hacerlo aún, pero no estaba tranquila.

Tiene el recuerdo de su vecino Carlos Wladimir Benítez comprándole pan para su familia, la mañana del lunes. Aún no puede creer lo que ocurrió. Le duele no haber podido ayudarlos.

La mujer está pendiente del estudio de tierras que la Alcaldía hará para saber cuáles casas del sector pueden permanecer allí, sin que eso signifique un riesgo.

La mujer le entregó al alcalde Augusto Barrera un oficio en el cual le explica la situación de su barrio. Espera que los ofrecimientos de ayuda y reubicación, de ser necesario, se cumplan.

A unos metros de donde están los escombros que dejó el derrumbe está la casa de Martha Flores. Ella comentaba con su madre Martha Rodríguez su miedo tras el deslave.

Ella observaba con tristeza los escombros de la vivienda donde correteaban hasta la tarde del lunes los pequeños Adrián Israel y Erick Estiven. Rodríguez estaba preocupada por la familia de su hija. Señalaba un muro cuarteado y cree que eso es una mala señal.

Flores vive desde hace año y medio en esa casa. La compró a su hermano que ahora está en España. Hace dos meses fue notificada por el Municipio.

Según ella, allí le explicaron que no debió construir a menos de 15 metros al borde de la quebrada. Respondió que tiene escrituras del terreno.

“Por eso pedimos que nos reubiquen en algún lado. Ahora mismo, el accidente que pasó ahí nos tiene mal. Nosotros pensábamos construir arriba, pero ya no se puede”, dijo.

Para ella, la muerte de Carlos Wladimir Benítez, Marta Yolanda Naranjo y sus dos hijos, y el riesgo que corren ahora sus vecinos es producto de su situación económica. “Somos gente pobre, por eso vivimos aquí. Si tuviéramos dinero no compraríamos en las laderas. Que nos solucionen”.

Su madre le apoya y dice que además han pedido a la directiva del barrio que tome cartas en el asunto, y al Municipio que rellene la quebrada o que les dé una alternativa de reubicación.

Reubicar a un barrio no es fácil. La administradora zonal María Hernández acudió a la evacuación de las seis familias que corren más riesgo tras el deslave del martes. Dijo que en octubre la Comisaría de laderas notificó a las personas del sector que estaban en una zona no urbanizable y de protección ecológica.

La funcionaria explicó que en ese sector, conocido como La Garzota, hay tres etapas. Y el de Las Cumbres no tiene escrituras ni un proceso de legalización.

Otras familias prefirieron ir a viviendas de vecinos. Allí se alojarán por unos días. Eso, a pesar de que el Municipio ofrece USD 200 mensuales, durante tres meses, para que cada familia evacuada pague el arriendo hasta que sean reubicadas en sitios seguros.

Los terrenos de la zona donde se registró el deslave fueron lotizados en 1996, por la constructora Hipa, a pesar de que tenían prohibición. En el 2003, se impuso una multa de USD 4 millones a la compañía. Juan Manuel Hidalgo fue señalado como responsable. Él apeló a la Procuraduría y la multa no se cobró.

Los propietarios aseguran que pagaron USD 8 000 por lote.

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