22 de March de 2011 00:00

La población aún es ajena al peligro sísmico

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La Escuela Ciudad de Cuenca, que se levanta en el corazón del Casco Colonial de Quito, es considerada de alta vulnerabilidad frente a un evento sísmico.

En este inmueble, de unos dos siglos de antigüedad, estudian 400 niños y niñas que están a cargo de 40 profesores. Ellos se han tomado muy en serio el peligro que corren los pequeños. Y no les faltan motivos: el Centro Histórico es considerado una zona muy sensible, por la abundancia de edificaciones de adobe y mampostería no reforzada, con techos de teja y pisos de madera.

Este es uno de los 22 planteles identificados por el Ministerio de Educación como prioritarios para recibir capacitación preventiva, dice Fausto Moncayo, coordinador de la Dirección de Planificación para la Seguridad de esa Cartera. Este año, en Pichincha fueron capacitados en gestión del riesgo 15 000 estudiantes y en el resto del país 30 000, de segundo y tercer año de bachillerato.

Precisamente, hace tres semanas 30 alumnas del Colegio María Angélica Idrobo llegaron al centro educativo y dieron charlas a los pequeños en sus aulas, luego hicieron un simulacro de evacuación. “Eso se complementa con un plan que aplicamos en la escuela todos los años y que comprende diferentes acciones preventivas”, comenta la profesora Raquel Chávez.

El plan de emergencia comprende simulacros cada tres meses, la delimitación de las zonas de riesgo, lugares para acampar y la organización de grupos de maestros y empleados.

Una tarea simple pero esencial es la señalización. Dentro de la casona de tres pisos se observan pintadas unas flechas verdes que desde los distintos grados indican el camino de evacuación hacia la puerta de salida.

Osvaldo Vega, quien trabaja hace 18 años como portero de la escuela, sabe qué hacer porque ha recibido talleres de la Defensa Civil, pero teme “por la fragilidad y vetustez de la estructura”.

Frente a esa vulnerabilidad, la opción más segura es abandonar ese inmueble y ampliar un edificio, ubicado tres cuadras más arriba, que actualmente es una extensión del plantel. Según la directora de la Escuela María del Carmen Calderón, esperan concretar ese proyecto con apoyo del Municipio y del Ministerio de Educación. “Lo más importante es mejorar la cultura de prevención, la posibilidad de un sismo es inminente, hay que crear conciencia de lo que se debe hacer antes, durante y después de un terremoto”, señala.

Además de proyectos de reforzamiento y ampliación de estructuras, el Cabildo trabaja en diversas áreas para enfrentar los fenómenos que vuelven a Quito vulnerable: erupciones, deslaves, inundaciones y, claro, temblores. Al frente de esa tarea está Lourdes Rodríguez, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad. Una de las principales acciones de la Secretaría es la reubicación de familias que habitan en viviendas peligrosas. Son

1 400 inmuebles identificados frente a peligros de deslizamientos, derrumbes, terremotos…

Para su labor, que comprende también la difusión permanente de folletos (se entregan con planillas de agua y a quienes pagan Impuesto Predial) y la realización de simulacros y talleres, esta entidad tiene un presupuesto de USD 26 millones. Además hay un fondo de USD 8 millones del Bede, para la ejecución de un plan antisísmico. También cuenta con un fondo de emergencia de USD 2 millones para necesidades inmediatas, como la atención médica, evacuación, vituallas, alimentos.

La relocalización de personas que viven en zonas peligrosas (Comité del Pueblo, Atucucho…) tiene el apoyo de la CAF. Y en los próximos meses se espera reubicar a 600 personas. “Aunque falta mucho por hacer, estamos trabajando en varios campos. Para fin de año estarán definidos los 10 sitios seguros de evacuación, donde se acondicionarán bodegas, depósitos, etc”, dice Rodríguez.

La prevención se coordina con la Secretaría Nacional de Riesgos. Su última intervención se evidenció el 11 de marzo pasado, cuando fueron evacuadas 280 000 personas de Galápagos y las zonas costaneras. “La prevención es responsabilidad de todos. Es crucial que la gestión del riesgo sea elevada a política de Estado”, sostiene Felipe Bazán, subsecretario de la entidad, que tiene un presupuesto de USD 100 millones, el 50% destinado a prevención.

Pese a estos esfuerzos, hay problemas estructurales, advierte Hugo Yépez, del Instituto Geofísico. “Uno medular es el control de la construcción, a cargo de los cabildos. “Nadie vigila la práctica constructiva, el asentamiento en zonas peligrosas o el reforzamiento de las estructuras”.

Precisamente, eso es elocuente en el Centro Histórico. A una cuadra de la Escuela Ciudad de Cuenca, en otro inmueble colonial, funciona el Centro Benalcázar, donde se imparten los talleres a jubilados del IESS. Durante toda la semana, 600 personas de la tercera edad reciben pintura, baile, gimnasia, manualidades... pero no tienen la más remota idea de qué hacer frente a un sismo.

“Nunca hemos recibido ninguna capacitación o guía en caso de que ocurra un terremoto”, dice Cecilia León, tesorera del centro. “No tenemos idea del riesgo, yo solo saldría corriendo para buscar un sitio seguro”, comenta la coordinadora Marta Ponce.

Junto a ese inmueble, desde hace 18 años funciona una pequeña tienda de abarrotes, que también es la vivienda de Ibelia Polo. “Claro que me gustaría saber qué hacer si ocurre un sismo, pero no he recibido ninguna información”.

Al frente está la Relojería León. “Sé que la mayoría de estas casas se irían al suelo en caso de un terremoto, pero no conozco cómo actuar”, comenta Marco León, hijo del propietario del negocio.

 El Código de la Construcción estará listo en abril

En agosto próximo, la Cámara de la Construcción de Quito y el Ministerio de Vivienda tienen previsto entregar al presidente Rafael Correa la Norma Ecuatoriana de la Construcción.

Esta normativa, también conocida como Código de la Construcción, se elabora desde hace dos años con la participación de 40 profesionales. En dos de los principales capítulos se abordan el peligro sísmico y el diseño sismorresistente, y la evaluación de las estructuras existentes.

Hermel Flores, presidente de la Cámara, sostiene que en este documento, que será de cumplimiento obligatorio, una vez que lo trate la Asamblea, se establecen requisitos más rigurosos para la construcción de todo tipo de inmuebles. “Están trabajando unos 50 investigadores y docentes de universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, así como consultores nacionales y extranjeros”, destaca Flores. El proyecto tiene un financiamiento del Gobierno de USD 500 000. Los primeros borradores estarán listos en abril y luego serán socializados.

Flores comenta que el presidente Rafael Correa está directamente involucrado en este tema. Incluso, tomó la decisión de asignar recursos para evaluar las edificaciones del sector público, a un costo de USD 20 millones.

Uno de los estudios base de la normativa de la construcción es una investigación sísmica de cuatro zonas del país (ver infografía), que calculó la aceleración probable de un sismo y su riesgo.

En la normativa también se hace una diferenciación y jerarquización del tipo de edificaciones. Entre hospitales, cuerpos de bomberos, escuelas, iglesias, estadios, coliseos, viviendas.

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