24 de December de 2011 00:01

La jueza Cárdenas falló a favor del Municipio en el caso impuestos

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La jueza adjunta del Juzgado Primero del Trabajo de Pichincha, Elizabeth Cárdenas, revocó las medidas cautelares otorgadas en contra del Municipio sobre el cobro del Impuesto Predial.

Lo hizo luego de la audiencia, que se realizó a las 08:30 de ayer. Asistieron el ex concejal Antonio Ricaurte, quien el 13 de diciembre presentó una acción constitucional con el propósito de frenar el cobro del nuevo impuesto, y Ernesto Guarderas, procurador del Municipio de Quito.

Las partes involucradas expresaron sus argumentos, basándose en artículos constitucionales. El pasado lunes, la jueza Cárdenas otorgó las medidas cautelares y pidió que no se publique en el Registro Oficial las reformas de las ordenanzas que facultan al Cabildo el reavalúo de los predios y el ajuste del Impuesto Predial. Pero, su pronunciamiento se conoció luego de que las ordenanzas ya fueron publicadas.

Por esa razón, ayer Cárdenas explicó que “en virtud de estos nuevos hechos, que fueron desconocidos al momento de calificar la audiencia y de que existe en este momento un acto normativo, ésta ya no es la vía correspondiente”. Añadió que las medidas interpuestas por el demandante son ineficaces y por ello procedió a archivar el proceso.

Para Guarderas, las ordenanzas responden a un mandato del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y de la Contraloría General del Estado, por lo que las reformas aprobadas por el Concejo son legales.

“La resolución de la Jueza es una decisión estrictamente jurídica. Ha dejado de lado la parte política, porque se dio cuenta que estamos frente a un foro jurídico y no a un foro político”, comentó Guarderas luego de la audiencia.

De su parte, Ricaurte felicitó a la Jueza por haber “resistido, hasta donde pudo las presiones del Gobierno central y de los más altos rangos de la Judicatura”. Él aseguró que en la audiencia se encontraban funcionarios del Municipio, que tienen vinculación con la Judicatura.

Además, sostuvo que los tributos que proponen las ordenanzas no están justificados porque no hay obras en la ciudad y que los impuestos son una grave violación hacia el pueblo de Quito.

Con respecto a los temas de orden de gestión, Flores se refirió a que el proceso de la revalorización tributaria será progresivo y equitativo durante el 2012.

Sobre el presupuesto de este año, aseguró que la actual administración es la que mayor ejecución en obras ha tenido desde el 2 000, con un gasto del 87%.

Ese anuncio lo hacía, mientras en la sala de audiencias, unas 10 personas protestaban por la falta de obras en la ciudad y el abandono de los barrios por parte del Municipio.

En los exteriores del juzgado se encontraban dos grupos con pancartas, altavoces y banderas.

Con el lema: “Los pelucones tienen que pagar”, un grupo de apoyo al alcalde Augusto Barrera, esperaban la resolución y a los funcionarios del Municipio.

Frente a ellos, los simpatizantes de Ricaurte aplaudieron su presencia en el Juzgado y protestaban por la falta de gestión de la actual Administración municipal.

Ricaurte aseguró que el lunes presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Él tiene dos opciones: una acción objetiva ante el Tribunal Contencioso Tributario, o una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ricaurte hará uso del segundo recurso.

Su propósito es que las ordenanzas sean declaradas inconstitucionales y suspendidas definitivamente.

Guarderas señaló que el proceso de la demanda de inconstitucionalidad puede durar seis meses. “Solo si se declara la inconstitucionalidad se suspende la ejecución de las ordenanzas”. Las reformas que rigen desde el 3 de enero son sobre la revalorización de los 750 000 predios registrados en el Distrito Metropolitano y el ajuste al Impuesto Predial.

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