23 de December de 2011 00:04

La jueza aclaró que no están suspendidas las ordenanzas

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Los contribuyentes sí deberán pagar los nuevos valores en el Impuesto Predial desde el 1 de enero.

Las ordenanzas que el Concejo Metropolitano reformó para el reavalúo de los 750 000 predios registrados en el Distrito y para el ajuste del Impuesto Predial siguen en vigencia.

Esto, a pesar de que Elizabeth Cárdenas, jueza adjunta del Juzgado Primero de Trabajo de Pichincha, ordenó la suspensión de las ordenanzas, como medidas cautelares dentro de la acción constitucional que presentó el ex concejal Antonio Ricaurte, el 13 de diciembre pasado.

Ernesto Guarderas, procurador del Municipio de Quito, explicó que la jueza Cárdenas en un primer pronunciamiento ordenó la suspensión. Sin embargo, en un comunicado que envió el miércoles al Municipio aclaró“que sobre las medidas preventivas son exclusivamente las que constan en la demanda”.

Es decir, que se disponga al Registro Oficial que se abstenga de publicar las ordenanzas y no la suspensión de su vigencia.

Para Guarderas, las medidas cautelares son improcedentes porque las ordenanzas fueron publicadas antes de que se conozca la providencia de la jueza. “La resolución es inejecutable y las ordenanzas están vigentes”.

Ricaurte insiste en que la suspensión debe aplicarse, aunque ya se hayan publicado las ordenanzas en el Registro Oficial.

Hoy, las partes se reunirán en una audiencia a las 08:30. Allí la jueza Cárdenas ratificará o revocará su resolución.

Según Guarderas, la jueza se extralimitó en sus competencias, porque el artículo 6 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) garantiza la autonomía de los gobiernos locales y descentralizados.

Además, prohíbe a cualquier autoridad ajena a estos gobiernos derogar, reformar o suspender los actos normativos, entre ellos las ordenanzas municipales.

Con respecto a la acción de Ricaurte, indicó que la Constitución prevé dos mecanismos, si un ciudadano cree que las ordenanzas afectan a sus derechos.

Se puede presentar una acción objetiva ante el Tribunal Contencioso Tributario, o una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ricaurte hará uso del segundo recurso, pues está consciente de que la acción constitucional tiene alcances momentáneos. Su propósito es que las ordenanzas sean declaradas inconstitucionales y suspendidas definitivamente.

Su argumento es que para incrementar los impuestos se debe compensar con obras. Para él, en Quito no hay obras.

Guarderas advirtió que de igual forma seguirán vigentes las ordenanzas y el cobro de los impuestos. El proceso de la demanda de inconstitucionalidad puede durar no menos de seis meses. “Solo si se declara la inconstitucionalidad se suspenderá la ejecución”.

El Municipio defenderá la acción del Concejo Metropolitano de revalorizar los predios. Eso, en cumplimiento de la que está estipulado en el Cootad.

Acción Constitucional

Las medidas  cautelares   solicitadas en la acción constitucional fueron tres: Disponer que el Director del Registro Oficial se abstenga de realizar la publicación de las ordenanzas metropolitanas.

La segunda: Disponer que la Secretaría General del Concejo Metropolitano se abstenga de enviar las ordenanzas aprobadas para su publicación en el Registro Oficial.

Y la tercera:   Disponer que la Presidenta de la Comisión de Presupuesto del Municipio realice un nuevo proceso para el tratamiento de la propuesta de reforma al Régimen Tributario Metropolitano, en el que se observen las normas constitucionales de participación ciudadana.

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