2 de March de 2012 00:05

Cuentas oscuras en la Empresa de Desarrollo

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Con recursos públicos, ex autoridades de la Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de Quito (EMDU-Q) se trataron a cuerpo de rey.

En uno de los casos más llamativos, los ex funcionarios dejaron de cobrar arriendos de inmuebles de propiedad del Cabildo, y a cambio recibieron una serie de beneficios. Luego de sus horas habituales de trabajo, por ejemplo, frecuentaban los restaurantes Mea Culpa, Cucurucho (que hoy está fuera de servicio),Quiteño Libre, El Escudero, Ursa Hermanos y Pizza SA.

En esos locales a los ex funcionarios les servían “gratuitamente” alimentos y tragos (vino Santa Emiliana, whisky Johnnie Negro...). También celebraban cumpleaños, donde no faltaban arreglos florales, cocteles y otros presentes, como sesiones de aromaterapia. El valor asignado para los festejos fue de USD 194 000. Algunos ni siquiera contaban con el respaldo de facturas.

Estas y otras anomalías fueron detectadas en el examen especial de la Dirección General Metropolitana de Auditoría Interna, en el período comprendido entre el 9 de enero del 2006 y el 31 de octubre del 2009.

El informe 2008-22-AUDI-MDQ fue entregado al alcalde Augusto Barrera, el 9 de noviembre del 2010. Ese reporte, que también fue corroborado por la Contraloría General del Estado, estableció 16 recomendaciones para enmendar las anomalías, de las cuales los siguientes meses se cumplieron 11. Una fue incumplida y cuatro no pudieron ser aplicadas por el cambio de procedimientos administrativos.

La EMDU-Q es la empresa encargada del ordenamiento urbano, gestión del suelo y la vivienda, espacio público y paisaje urbano. También de la promoción y desarrollo de programas y proyectos dirigidos al desarrollo de la comunidad en la capital.

La investigación también estableció irregularidades en la firma de un convenio con la Fundación Caspicara.

Esta recibió USD 31 862 para elaborar calendarios, y 8 432 para cocteles y refrigerios para reuniones de trabajo, así como para el festejo del cumpleaños del ex Gerente General.

No obstante, estos ingresos solo están respaldados con facturas, pero no existen actas de entrega recepción ni el sustento documental de la distribución.

Tres de los principales responsables, según la auditoría, fueron el ex Director Financiero, quien autorizó los gastos, así como la ex Tesorera, y la ex Técnica Administrativa. Ellos no pudieron justificar pagos por USD 245 604.

El perjuicio total causado fue de USD 1, 6 millones. La responsabilidad también recayó sobre el ex Gerente General y el ex Director administrativo, según el examen.

Los involucrados -dicen los auditores- violentaron las Normas de Austeridad y Control del Gasto Público. Estas prohíben expresamente la entrega de donaciones, ayudas o subvenciones a favor de cualquier persona natural, o jurídica, pública o privada, así como festejos, agasajos o recepciones, a excepción de los actos conmemorativos o protocolarios.

Pago de favores

El no cobro de arriendos se retribuyó de diversas formas. Se realizaron compensaciones de cuentas, entre valores correspondientes a arriendos y valores por consumos de alimentación en restaurantes, por USD 70 000. Asimismo, en la suscripción de varios contratos de arrendamiento el ex Gerente General no solicitó un informe técnico previo de la Unidad de Gestión de la Propiedad de Inmuebles Municipal, encargada de determinar los cánones de arrendamiento en base al avalúo comercial.

Precisamente, ante la ausencia de un informe técnico, en este caso no se justificó USD 370 000, correspondiente a los restaurantes El Cucurucho y Quiteño Libre, indica el reporte.

La justificación del ex Gerente frente a esta irregularidad fue que no existía una Ley de Inquilinato y que esos valores, en general, se fijaban de común acuerdo, ateniéndose a la oferta y demanda de los locales comerciales.

La auditoría determinó que el ex Director Financiero y la ex Tesorera no verificaron la recaudación de incrementos estipulados en el contrato de arrendamiento de los locales donde funcionaban los restaurantes.

Dichos convenios tampoco contaron con las garantías que exige la ley. Para la adquisición de bienes y servicios, las ex autoridades tampoco suscribieron contratos. Y se entregaron anticipos económicos sin garantías.

Según la auditoría, no se controló el manejo económico de la Asociación Restaurantes Quiteños, de la cual era socia la EMDU-Q, y no contó con una liquidación financiera verificada. Tampoco se controló la entrega recepción de bienes a la Asociación.

Contratos de obras

Según el informe, el Director de Operaciones Multilaterales de la EMDU-Q no controló la planificación previa y ejecución de un contrato de obras celebrado con la Compañía Bueno & Castro, el 21 de abril del 2008, para la construcción de varias obras. Esto ocasionó un incremento de rubros en un 43,45%, a lo inicialmente contratado.

Se cancelaron rubros no planillados o ejecutados y con errores en las planillas, por lo que no se justificó el desembolso de USD 131 591. Tampoco se controló la planificación previa y ejecución de un contrato de obras del 1 de octubre del 2007, con el Consorcio Sosa, para la construcción de estacionamientos La Ronda. Esto ocasionó un incremento de 32,22% de nuevos rubros y se canceló USD 24 299 sin la debida justificación.

Además, se entregó USD 130 200 a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI).

El convenio se firmó el 31 de agosto del 2007. Se detectó que el entonces Director Financiero y la Tesorera no controlaron que esta institución entregara los productos convenidos, previa la concesión de una nueva asignación de recursos. Adicionalmente, se estableció que el representante legal de la OLACCHI era un concejal en funciones, cuando se concretó el convenio.

Este Diario se comunicó telefónicamente con el departamento de Auditoría Interna del Municipio, para conocer si aplicaron sanciones a los involucrados, y si los montos establecidos como glosas fueron recuperados. Pero un funcionario de esa unidad se limitó a comentar que las acciones pertinentes están en manos de la Contraloría del Estado. En esta entidad ya se establecieron glosas que están siendo cubiertas por los ex funcionarios del Municipio.



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