29 de February de 2012 00:19

Cabildo regulará el transporte

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A las 17:00 de ayer el Concejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo debate la Ordenanza que establece el Régimen Jurídico del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros. A la sesión dirigida por el alcalde Augusto Barrera asistieron 11 de los 15 ediles.

La nueva norma busca integrar la operación de los tres sistemas de transporte de pasajeros bajo la administración del Municipio: el metro, los corredores troncales y el servicio convencional.

En 30 minutos se realizaron algunas observaciones. Una de ellas fue la del edil Norman Wray, quien argumentó que se debe pensar en temas de movilidad no motorizada.

Patricio Ubidia, presidente de la Comisión de Movilidad, aseguró que una vez que entre en vigencia la ordenanza se iniciará un proceso de reestructuración de las rutas y frecuencias de todo el sistema de transporte.

Esto con la finalidad de que los usuarios de los barrios periféricos tengan acceso al transporte público.

Por su parte, la edil Dénnecy Trujillo solicitó que en un plazo de 18 meses se establezca los términos en los que se ejecutará el tema de la caja común, que establece el reparto equitativo de la ganancia total de los viajes que realice una ruta.

Todas las consideraciones fueron tomadas en cuenta y se procedió a la votación. Con 12 votos a favor se aprobó la normativa que también busca definir la participación del sector privado y el derecho de los usuarios a un servicio de calidad.

Para José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Pichincha, es necesario realizar un estudio técnico y actualizado sobre el origen y destino de los usuarios para establecer la demanda y garantizar una estabilidad económica.

Por su parte, Ramiro Guaña, gerente de la empresa Juan Pablo II, dijo que la falta de una visión empresarial hace que cada bus se maneje como un negocio individual.

Para él, esa es una de las razones que genera los correteos en las calles y, en muchos casos, accidentes de tránsito.

La ordenanza establece un plazo de dos años para la aplicación de este modelo.

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