20 de May de 2010 00:00

164 familias deben ser reubicadas

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Redacción Quito

El piso de cemento de la vivienda de Tránsito Daquilema está cuarteado. Por el techo de eternit, sobre vigas de madera, se filtra el agua lluvia. Las paredes de bloque están a desnivel y parchadas con cemento, en varios puntos.

En el patio hay cordeles con ropa colgada. 15 metros más atrás de la casa hay una quebrada llena de basura. No es la única edificación en riesgo, en la cooperativa Nueva Loja, en la entrada al Beaterio, en el sur.

Allí, el agua del Machángara, que pasa por la quebrada, volvió débil a la tierra donde se construyeron tres casas. Junto a la vivienda de Daquilema hay dos inmuebles, cuyas paredes tienen grietas de 15 centímetros de ancho.

El frente de las casas dan a una planicie y la parte posterior limita con la quebrada. “Compré el terreno hace 13 años. Nadie nos anticipó que el piso es frágil por la quebrada. Hace tres años, aquí mismo, las paredes se cayeron”, manifestó, llorando, Daquilema mientras cargaba a uno de sus dos hijos en la espalda.

La mujer gana entre USD 15 y USD 20 de lavandera. En una semana alcanza a reunir USD 60. Ese ingreso lo gasta en la educación de su hijo de 14 años.

También en alimentación y en la compra de cemento por libras para mezclar con agua y cubrir las fisuras en las paredes.

Este es uno de los terrenos en zona de riesgo, por estar cerca de una quebrada. Un estudio del Municipio reveló que 164 familias viven en 90 lotes amenazados por derrumbes de taludes, quebradas o inundaciones. 60 de esos terrenos están en laderas.

La primera parte del plan denominado Relocalización de emergencia de familias en alto riesgo consiste en hacer un análisis y un mapeo de las zonas peligrosas. El documento ya está listo.

Luego, con la resolución 0018 de la Alcaldía, del pasado 5 de mayo, se autorizó a la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad ejecutar el proyecto para atender a las familias que viven en las zonas peligrosas.

La primera medida dentro del plan es entregar USD 200 mensuales, durante tres meses, a cada familia afectada. Martha Domínguez, dueña de una vivienda en las laderas del Pichincha, en Toctiuco, desconoce sobre ese apoyo económico.

Ella manifestó que está preocupada porque el Municipio anunció en su proyecto que ayudará solo a las familias que tengan títulos de sus terrenos. Además, que consten en los catastros.

“Mi casa está hecha con los planos aprobados por el Municipio y está cerca de una quebrada. No tengo escrituras. Pero estoy dispuesta a cualquier acuerdo que no me perjudique en lo económico”, aseguró Domínguez.

Milton de la Cadena, funcionario de la Secretaría de Seguridad, detalló que la entrega del dinero se concretará cuando cada familia realice el trámite. En el caso de que las familias no tengan títulos de propiedad, se procederá a realizar un estudio técnico.

Añadió que la dependencia encargada de definir los terrenos para la reubicación de las familias es la Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

Esta entidad es responsable de controlar las construcciones en el Distrito. También de hacer respetar que no se construya sobre la cota de 3100 metros en todas las laderas del Pichincha.

A pesar de que desde 1996 se ejecuta el plan de protección de las laderas, todavía hay riesgo en las quebradas Rumipamba y Atucucho. Los problemas son de represamientos y deslizamientos, generados por la tala del bosque y por la construcción antitécnica de vías y de urbanizaciones.

Por esa razón, el Concejo Metropolitano prepara la ordenanza de la Licencia Metropolitana Urbanística de Habilitación de Suelo y Edificación en el Distrito. El propósito es retomar la normativa para la aprobación de planos y control de construcciones en la urbe.

Actualmente, la aprobación de planos se la realiza en cada administración zonal. Con la ordenanza, se busca que la legalización se más técnica, con el apoyo de los colegios profesionales.

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