12 de June de 2012 00:03

100 quejas en la Defensoría del Pueblo por los servicios públicos en Quito

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El 14 de mayo pasado, Iván Moreno recibió la planilla de pago del agua, del local que arrienda en la calle Mosquera Narváez y América, en el norte. Debe cancelar USD 187. Esto le causó preocupación, porque sus consumos mensuales oscilaban entre USD 15 y 28. Además, en la carta de pago se detallaba un número de medidor que no correspondía al suyo.

Acudió a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y presentó el reclamo. Acordaron que iban a inspeccionar el medidor.

El martes pasado le indicaron que la lectura es real, de 643 m³ de consumo y que se corrigió el número del medidor. El viernes pasado presentó una petición para que intervenga la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE). Una de las funciones de la entidad es garantizar el derecho a acceder a servicios públicos de calidad. A las 07:30, Moreno estuvo en las oficinas ubicadas en la Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio, en el sur. Allí fijaron una cita con la Epmaps. El primer paso es presentar un oficio con la respectiva queja.

En lo que va del año, en Quito se han presentado 100 peticiones en la DPE por malos servicios. En el 2011 fueron 188 y en el 2010, la cifra llegó a 124.

De acuerdo con estadísticas de la DPE, las dos empresas más demandadas por malos servicios son la Epmaps y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). Según Patricio Benalcázar, adjunto primero de la entidad, el 90% de las quejas es contra la primera.

Othón Zevallos, gerente de la Epmaps, informó que trabajan en coordinación con la Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Reclamos. Se atienden entre 150 y 300 casos al mes. Además, se creó internamente una Defensoría del Cliente. Así se ha resuelto el 90% de casos en menos de cuatro días. Zevallos reconoció que más de 400 000 usuarios pueden presentar problemas.

Aclaró que no todo es culpa de la empresa. Por ejemplo, el 32% de los reclamos contra la Epmaps se debe a problemas de facturación. En su opinión, la mayoría se debe a problemas de fugas intradomiciliarias.

José Malquiña, miembro de la cooperativa de vivienda Pisullí, contó que movilizarán a la comunidad hacia la Epmaps para exigir que les doten de agua potable y de alcantarillado. Unas 160 familias pertenecen a esta cooperativa y no cuentan con ningún servicio básico. También están tramitando el servicio de luz en la EEQ.

Su vecina, Elsa Basantes, explicó que llevan unos tres años solicitando los servicios en ambas empresas. El problema es que hay una prohibición que impuso un interventor, no reconocido por la cooperativa. “Pero los servicios básicos son un derecho”, aseguró.

Zoila Quizhpe también presentó una petición en la DPE. Su queja fue en contra de la EEQ, por un supuesto cobro excesivo. Su factura era de USD 6 al mes, en mayo le llegó una por USD 87. Ella contó que le cambiaron el medidor hace dos meses, no se explica el aumento, si consume lo mismo.

Quizhpe vive por el sector de La Ecuatoriana. En cuatro años es la primera vez que tiene este problema. Su caso fue a audiencia.

Benalcázar resaltó que las empresas públicas que prestan servicios y son demandadas se han preocupado por dar respuestas inmediatas. En los últimos tres años, en Quito, se ha resuelto el 80% de las peticiones. Dijo que un caso puede resolverse en una semana o en dos o tres meses, cuando hay contratiempos.

Ivonne Ibarra, del Departamento de Comunicación de la EEQ, dijo que se realizan permanentemente audiencias con la presencia del delegado de la DPE, para solucionar los problemas. El viernes pasado hubo una. Allí estuvo Jorge Chasi, de Guamaní.

El 5 de mayo pasado, un ventarrón tumbó dos postes de madera, frente a su casa. Chasi contó que de su medidor salían chispas, y por eso lo desconectó. Notificó el problema a la EEQ.

Al siguiente día, personal acudió al lugar e intentó volver a conectar el medidor y explotó, entonces dejaron una conexión directa. Al mes del incidente, la Empresa le avisó que tiene que pagar USD 288 por haber manipulado el medidor.

Patricio Panoluisa todavía no ha acudido a la DPE, espera que la EEQ dé solución a su problema.

Él tiene una panadería en las calles Iturralde y Luis Minacho, en el sur. En este mes, su planilla de pago ascendió a USD 1 143, pagaba USD 60, en promedio. Presentó el reclamo. El medidor está a nombre de Mélida Moreno, la anterior propietaria del inmueble. Panoluisa explicó que la deuda le corresponde a Moreno, que la EEQ transfirió el medidor que sigue a su nombre. La EEQ ofreció no cortarle el servicio hasta que se investigue y aclare su caso.

Para Benalcázar, las ciudades están en permanente crecimiento y por lo tanto la demanda de servicios públicos también se incrementa. “No es que el Estado incumple, sino que cada vez hay más demanda”. Lo importante, dijo, es la capacidad de repuesta que las autoridades de cada entidad tengan sobre los casos”.

El  trámite

Las peticiones   se presentan en las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo. En Quito hay dos. En el norte, av. 6 de  Diciembre y Shyris.  En el sur, Alonso de Angulo  y  Cristóbal Tenorio.   

Todos  los trámites  son   gratuitos. Las personas que presentan una petición no necesitan de un abogado.

Las personas  deben llenar un formulario,  que es el pedido. Allí se detalla  el hecho. Este documento debe ser firmado. En la DPE le ayudan a llenarlo.
 
El peticionario  debe dejar su información personal,  como número de
 cédula. Se debe llevar el documento. Son obligatorios los datos de ubicación.

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