Como medida de protesta ante la proliferación de taxistas informales, los taxis formales colocaron banderas rojas en sus vehículos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
“Los operativos de control al taxismo informal del Distrito Metropolitano de Quito nunca se detuvieron”, así lo señaló hoy, jueves 10 de diciembre, Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
La puntualización la hizo a propósito del pronunciamiento de Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, cuando señaló que hasta el martes 15 de diciembre el Municipio tiene plazo para retomar los controles del taxismo informal de la ciudad.
Miranda precisó que el control nunca decayó, al punto de que “nuestros patios (con una capacidad para más de 2 500 vehículos) estaban llenos”. También aclaró que las unidades demoran en salir “porque el trámite de la Función Judicial lleva mucho tiempo y no puede evacuar con agilidad los autos”.
Ante ese imprevisto, la AMT adquirió un nuevo terreno para habilitar un patio mas grande con capacidad para 900 autos. Está ubicado en el sector de Quitumbe, sur de la urbe.
Según Miranda, cuando esté listo el lugar se “intensificarán más los operativos que actualmente se hacen”.
El predio será arreglado una vez que se solucione un inconveniente de invasión; se calcula que el problema se solucionará en los próximos días.
Miranda recordó que cuando se hace un operativo, con 60 agentes, los taxis informales desaparecen, así que ya se tiene una nueva estrategia.
Además se trabajará todos los días de la semana y las 24 horas al día, y sobretodo en los entornos a los centros comerciales.
Miranda apuntó que no hace falta tener un mayor número de oficiales (actualmente 60) sino efectividad en el operativo.
La infracción que se determina, según la Ley de Tránsito, es la detención del vehículo por siete días mínimo, más dos salarios básicos unificados y si el carro está pintado de un color que no le corresponde, según su matrícula, tendrán que pintarlo del color que le corresponde. Solo el juez de tránsito es el que emite la resolución para que el auto pueda dejar el patio de detención.
Sobre el posible proceso de regularización, Miranda fue tajante: “No hay ningún proceso de regularización y no lo habrá, la única opción es que en abril del 2016 se presentará un estudio y el resultado de aquello dirá si hay o no un proceso”.
Ante ese panorama, Roberto Custode, especialista internacional en movilidad, cree que las autoridades municipales propondrán a las personas que están dando ese servicio la regularización, pero no en la modalidad que actualmente prestan el servicio.
Dijo que “no se trata de consagrar lo que están haciendo”. Cree que tienen que regularizarse, pero sometiéndose a las necesidades de la ciudadanía. Es decir conformándose en compañías o asociaciones e integrándose dentro de un sistema público formal de la ciudad y que responda a estudios técnicos específicos de cada sector de la urbe.
Y pone un ejemplo, en el sector de La Bota, falta servicio público. Ahora es atendido por estos taxis informales, entonces en esa zona se puede diseñar una ruta que brinde el servicio y formalizarse dentro del sistema público.