30 de enero de 2018 00:00

USD 23 millones irán a los presupuestos participativos

Esta es una de las escalinatas del barrio Comité del Pueblo, que fue requerida durante el proceso del 2016. Foto: Vicente costales / EL COMERCIO

Esta es una de las escalinatas del barrio Comité del Pueblo, que fue requerida durante el proceso del 2016. Foto: Vicente costales / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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Los moradores del sector de Unión y Progreso, en la etapa 6 del Comité del Pueblo (norte), debían hacer una larga caminata hacia la parte central de ese barrio. Esto porque no había unas escalinatas que les permitieran cortar camino por las laderas sobre las que se asientan las casas del sector.

Eso motivó a la directiva del barrio a solicitar, en el 2016, la construcción de unas escalinatas. Según Rolando Sampedro, morador del lugar, esa obra terminó a finales del 2017. “Los vecinos de ese sector ahora suben en menos tiempo y más seguros”, comentó.

Para este 2018, el Municipio de Quito destinará USD 23 millones de su presupuesto para las 65 asambleas parroquiales que, como el caso de Unión y Progreso, solicitan obras o proyectos sociales mediante los presupuestos participativos.

Según la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del Municipio, hasta marzo próximo las organizaciones barriales deben decidir sobre lo que consideran prioritario en su sector y presentar la solicitud en cada administración zonal.

José Luis Guevara, secretario de Coordinación Territorial, explica que para este proceso se puede presentar una ficha con la obra o el proyecto social. Esa ficha se puede descargar en la página web  en la sección Quito Participa.

A partir de abril, cada administración zonal iniciará los estudios de prefactibilidad y se desarrollarán reuniones informativas para dar a conocer las obras se pueden efectuar.

Según Guevara, en el último trimestre del 2018, las asambleas barriales deberán decidir en una deliberación pública, las obras y proyectos a ejecutarse para el próximo año.

Esto ocurrió así en la Cooperativa IESS-FUT, ubicada en el sector de San Bartolo, en el sur de Quito, donde accedieron a obras mediante los presupuestos participativos.

En el centro comunal de esa Cooperativa había una cancha en la que estaban instalados dos aros de basquetbol, pero sobre una superficie de tierra. “No tenía sentido una cancha así y entre los vecinos nos planteamos pedir eso como en la planificación 2016 para ejecutarse durante el año pasado”, comentó Édgar Navarro, dirigente de la Cooperativa.

En ese lugar ahora hay una cancha de uso múltiple que se suma a la que ya tienen con césped sintético. En ese sector, según Navarro, hay cerca de 5 000 habitantes que, desde la segunda semana de febrero, fecha en la cual se inaugurará la cancha, estará disponible para todos los vecinos.

En el 2017, en toda la capital se programaron obras con un presupuesto de USD 20 millones. Según Guevara, el incremento de USD 3 millones se acordó después de la Asamblea de Quito realizada el 7 de diciembre pasado, que recomendó aumentar la cantidad de la inversión municipal.

Para Sampedro, el problema de los presupuestos participativos es que los recursos no son suficientes. “Para la magnitud de un barrio como por ejemplo el Comité del Pueblo, se necesitan más recursos de obras que se necesitan”, señaló.

Hasta el momento, según los datos de la Secretaría de Coordinación Territorial, las administraciones zonales han ejecutado el 82% de los presupuestos que estaban programados para el 2017.

Según Guevara, entre los principales problemas para realizar una obra es que terminan por superar el costo asignado o se planificaron en lugares en los que había alguna restricción legal o técnica. Pese a que se hacen estudios de prefactibilidad, Guevara señaló que este tipo de problemas solo pueden ser detectados ya en los estudios definitivos.

Durante el 2018 se priorizarán 27 proyectos sociales, según la Secretaría de Coordinación Territorial. Uno de ellos será el de “Reencontrémonos en La Mariscal”. El objetivo, según la directiva de ese barrio, es fortalecer los lazos sociales entre moradores, dueños de comercios y todos quienes componen La Mariscal.

De acuerdo con Alejandra Montenegro, secretaria de la asamblea de ese barrio, la primera fase desarrollada durante el 2017 se enfocó en un diagnóstico, talleres de liderazgo, entre otros. Al momento, esa asamblea ha solicitado un informe sobre los resultados ya que este 2018 continuará una segunda fase del proyecto.

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