8 de diciembre de 2016 17:26

Alcalde Rodas se sumó a los detractores del Proyecto de Ley de Plusvalía enviado a la Asamblea por el Ejecutivo

Para el alcalde Mauricio Rodas la Ley de Plusvalía atenta contra la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

Para el alcalde Mauricio Rodas la Ley de Plusvalía atenta contra la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Daniel Romero

El Municipio de Quito se sumó este jueves, 8 de diciembre, a las voces en contra del Proyecto de Ley de Plusvalía, enviado por el Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, la semana pasada. Para el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, esa Ley atenta contra la autonomía de los Municipios y el bolsillo de los ciudadanos.

Para Rodas, un nuevo impuesto, en una época de crisis económica no es lo más adecuado. "Como lo mencionamos hace más de un año, estamos en contra de atentar a los bolsillos de los quiteños. En una época de crisis lo que se debe hacer es generar incentivos", dijo el burgomaestre.

Para Rodas, los mecanismos que ya existen, como el mismo impuesto promejoras, entre otros, son suficientes.

Otro punto por el cual el Municipio está en contra de la normativa es porque, según Rodas, atenta contra la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para demostrar esto puso como ejemplo el que en la Ley se establezca el destino de los recursos. Además señaló que el proyecto establece que, en determinados casos, el Servicio de Rentas Internas "pueda inmiscuirse en la recaudación de tributos del Municipio".

Rodas señaló que estos son algunos de los puntos por los que muestran su preocupación ante el proyecto de Ley. Sin embargo, preparan un documento más extenso en donde expondrán punto por punto sus reparos. Este documento será enviado en los próximos días a la Asamblea Nacional.

El Proyecto de Ley de Plusvalía enviado por el presidente Rafael Correa establece un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias a partir de la segunda venta de un inmueble. Según el Gobierno central, el objetivo es evitar la especulación del precio de las tierras.

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