17 de enero de 2018 00:00

Las quebradas en Tumbaco y el sur de Quito se llenan de escombros

En la vía  principal de San Juan de Chuspiyacu,  en Tumbaco, hay tierra y escombros arrojados  al filo de la quebrada. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En la vía principal de San Juan de Chuspiyacu, en Tumbaco, hay tierra y escombros arrojados al filo de la quebrada. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora (I)

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Sabía que no era una escombrera autorizada, y, sin embargo, decidió descargar el contenido de su volqueta el pasado domingo.

Se estacionó con su volqueta al borde de una quebrada del barrio Rosa Blanca, junto al río Chiche, en Tumbaco, y levantó el cajón.

La tierra floja cedió y el peso jaló al vehículo hacia atrás. El conductor logró saltar de la cabina. La volqueta cayó 150 metros y quedó destrozada, inservible, al fondo del barranco.

Enrique Vallejo, líder de los volqueteros del valle, asegura que esa es una de las consecuencias de no tener escombreras autorizadas en el sector.

La volqueta que cayó al fondo de la quebrada fue retirada la tarde del lunes. Foto: Cortesía

La volqueta que cayó al fondo de la quebrada fue retirada la tarde del lunes. Foto: Cortesía

Hasta hace seis meses, podían ir a Piedras Negras (que servía a Pifo, Puembo, Tumbaco y El Quinche), y que desde el 2014 recibió 175 000 m3 de escombros. Luego de su cierre la mejor opción fue El Troje. Pero el 6 de diciembre colapsó y también fue cerrada.

Sin lugares autorizados, las quebradas comienzan a llenarse de desechos de construcción. El lunes, fue necesario utilizar cuatro grúas para sacar la volqueta de la quebrada. Christian Rivera, técnico de riesgos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, explica que cuando se arroja material en lugares antitécnicos ocurren ese tipo de incidentes. La recomendación es buscar una escombrera autorizada.

El problema es que en Quito existen solo dos. Ambas ubicadas en el norte. Según Vallejo llegar a El Semillero (en Cocotog), o a Oyacoto, les toma más de dos horas, lo que incrementa el costo de la carrera y la gente se niega a pagar más.

Pablo Carlosama, presidente de la Asociación de transporte pesado en volquetas y maquinaria de Quito, a la que pertenecen 700 vehículos, calcula que la tarifa se ha duplicado.

Antes, cobraban USD 30 por un desalojo. Hoy, para cubrir gastos, deben cobrar USD 60.

El recorrido que deben hacer pasó de unos USD 15 km a más de 50 km, lo que implica mayor gasto en combustible, llantas y sobre todo tiempo. Como el cliente se niega a pagar, las carreras han disminuido. Antes, cada día hacían ocho viajes, hoy dos o tres.
Vallejo pide una escombrera allí lo antes posible, porque la situación es insostenible.

A lo largo del camino, desde Villavega hasta San Juan de Chuspiyacu, en Tumbaco, hay montones de tierra y escombros al filo de la vía. Hay quienes cobran USD 3 por dejar arrojar el material en sus lotes.

Según Javier Martínez, líder de los volqueteros del sur, ante la falta de lugares autorizados, hay personas que arrojan material en lugares prohibidos como Santa Rosa de Chillogallo, Guajaló, Lloa y Tambillo.

Esto pese a que la multa es de USD 187,5. Según la Agencia de Control, en el 2017 se abrieron 37 expedientes por depositar escombros en espacios públicos, de esos se sancionaron 30 casos. En 2018 hay cuatro expedientes abiertos pero aún no se ha impuesto la sanción.

Martínez pide al Municipio que mientras se abren otras escombreras, aclare que el valor de las carreras subió por la distancia, no porque los volqueteros quieren enriquecerse.
Para Verónica Arias, secretaría de Ambiente del Distrito, el arrojar escombros en lugares no indicados tiene un impacto directo en la ciudad.

Se generan taponamientos del sistema hídrico, lo que puede desembocar en deslaves, y se afecta al patrimonio natural.
Las 180 quebradas que hay en Quito son refugios de vida silvestre y al llenarlas de escombros se pierde la biodiversidad y un sinnúmero de animales como aves, mamíferos menores, anfibios, insectos.

Para evitar esa pérdida, la Secretaría lleva a cabo campañas de educación ambiental y recuperación de quebradas. El 2017 se recuperaron 12 quebradas y este año se intervendrán seis. Recuperar 2 km de quebrada cuesta entre USD
60 000 y USD 100 000.

Andrés Viteri, coordinador de escombreras de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), dijo que a finales de este mes se habilitará una escombrera en Santa Ana, cerca de El Inga. Ya están firmados los convenios y se trabaja en la implementación logística como caminos de acceso, seguridad, entre otros detalles.

Tendrá capacidad para recibir 20 000 m3 y estará operativa por un año, dependiendo del volumen de disposición.

Paralelamente se está trabajando en la propuesta de abrir otra escombrera en Pifo, con una capacidad de 6 millones de m3. Esperan llegar a acuerdos con la comunidad hasta finales de mes. Esa escombrera podría subsanar el cierre del Troje. Si todo sale bien, dice, estaría operativa en marzo.

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