7 de julio de 2014 19:01

Los agentes no descartan nexos entre firma indagada y Publifast

ARCHIVO / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

La voz de quien simplemente se identifica como Ernesto se escucha durante una hora y nueve minutos en una videoconferencia supuestamente realizada desde México, el 19 de marzo.

El extranjero, quien dice ser director de la firma IBF Internacional, explica a un grupo de personas cómo funciona lo que denomina “el más grande y lucrativo sistema de capitalización sin deuda”.

Su rostro nunca aparece en el video subido a YouTube; solo se muestran diapositivas que describen cómo funciona el negocio virtual.

Para ingresar al sistema se debía cancelar una membrecía de USD 410 anuales, a una cuenta de la empresa, colgada en su página web. A cambio, el nuevo miembro recibía USD 100 mensuales, más el 20% de utilidades.

El nuevo socio solo tenía que dar un clic todos los días a los artículos y servicios que la firma mexicana publicitaba en la red social Facebook. Además, para incrementar sus ingresos, el miembro tenía la opción de invitar a más personas. Cada nuevo socio significaba USD 62,50 de ingresos adicionales para el ‘líder’ del grupo.

Para cobrar, los socios debían ingresar a un enlace y llenar un formulario establecido. En respuesta, la empresa ofrecía enviarles una tarjeta de crédito con la que podían debitar sus ingresos.


El supuesto director de la empresa, Ernesto L., de 42 años, fue detenido el pasado jueves en Machala, capital de El Oro. La Policía lo aprehendió en una oficina, luego de que un grupo de miembros lo denunciara por el presunto incumplimiento en los pagos.

El 4 de julio, el Juzgado Segundo de Garantías Penales dispuso su prisión preventiva por el delito de estafa.

Hasta el mediodía de ayer, alrededor de 250 personas habían presentado denuncias contra la empresa por supuesta estafa. Son denuncias provenientes de Machala y Santa Rosa, principalmente.

Javier Tocto, fiscal que indaga el caso, sostuvo que hay indicios de una presunta vinculación entre la empresa mexicana con la firma Publifast. Esta última trabajaba bajo la misma modalidad. Según Tocto, en la oficina allanada en Machala los agentes hallaron documentos con distintivos de Publifast.

A diferencia de Publifast, la firma mexicana aseguraba que no obligaba a sus socios a vender ni a comprar los artículos y servicios que ofertaban en la red social.

Hernán Ulloa, abogado de un grupo de supuestos afectados en Guayaquil por la Publifast, manifestó que el proceso en este caso va lento. “Nos preocupa que la Fiscalía no haya abierto ya la instrucción fiscal. En este caso hay miles de afectados”.

En la indagación previa a Publifast por el delito de estafa, la Fiscalía vinculó, entre otros, a los hermanos Roberto y Lysis A.

El primero, quien se encuentra fuera del país, fue señalado por la Fiscalía como el vocero del sistema que funcionaba en Ecuador.

Por ello se dispuso su prisión preventiva. El fiscal que lleva la investigación, Miguel Véliz, solicitó el jueves la revocatoria de la orden de detención para que Roberto A. y su hermana se presenten a rendir su versión en el caso.

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