10 de marzo de 2016 13:26

El proyecto de reformas laborales genera tres dudas entre universitarios

Entre estudiantes universitarios existen dudas sobre la propuesta de contratación juvenil que se trata en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Entre estudiantes universitarios existen dudas sobre la propuesta de contratación juvenil que se trata en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Sofía Ramírez

La Comisión de Derechos de los Trabajadores tiene previsto aprobar mañana, viernes 11 de marzo del 2016, el informe para el segundo y definitivo debate de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo.

El 23 de febrero, el presidente Rafael Correa envió, con el carácter de económico urgente, esta reforma con el fin de mantener el empleo. El proyecto plantea, entre otras propuestas, la figura del contrato juvenil y cambios al régimen de pasantías.

La contratación juvenil es una modalidad destinada a jóvenes en un rango de edad de 18 a 24 años y sin experiencia laboral; es decir, para el primer empleo.

El proyecto establece que el pago del aporte del empleador a la seguridad social bajo esta modalidad contractual sea cubierto por el Estado cuando el trabajador gane hasta dos salarios básicos unificados por un año (USD 732).

El Gobierno también propone pagar un estipendio a los pasantes y ya no un salario mínimo sectorial como establece la Ley de Pasantías en vigencia.

Jóvenes y reformas laborales

Entre estudiantes universitarios existen dudas sobre ambas propuestas, según evidenció este Diario en un recorrido efectuado en Quito.

La primera preocupación es que el incentivo estatal es solo para jóvenes sin experiencia, pero en el país existe población de este segmento que ya ha tenido un primer empleo, que hoy está en la desocupación y que no podrá beneficiarse de la medida.

El segundo tema es sobre el plazo del incentivo. Jóvenes consideran que el aporte estatal debieran prolongarse de uno a dos o tres años.

La reducción del beneficio económico que reciben los pasantes en las empresas es el tercer punto que preocupa.

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