7 de diciembre de 2016 21:02

El proyecto de Ley de Plusvalía llegó a la Comisión de Gobiernos Autónomos

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Sebastián Angulo
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La tarde de este miércoles 7 de enero del 2016, llegó el proyecto de Ley de Plusvalía a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara en la mañana la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Richard Calderón, presidente de la Comisión, dijo que el organismo avocó conocimiento del articulado. Además convocó para mañana a la primera comparecencia -a las 15:00- a la que acudirá Fabián Albán, viceministro (e) de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Ángel Torres, delegado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

Calderón indicó que el informe para primer debate estará listo en 10 días y que el documento para segundo debate les tomará cuatro días.

La premura del tratamiento se debe a que el proyecto tiene el carácter de urgente en materia económica, es decir, tiene 30 días para su debate.

El titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos señaló que es importante que los municipios den su punto de vista porque son los principales actores que participan en los cambios que propone el proyecto de ley.

Además, enfatizó que el proyecto de Ley no aplica a la primera venta. "Es decir, todos los ciudadanos, luego de aprobada la ley que vendan su inmueble seguirán con la normativa vigente actual, que es la del 10%", añadió. También sostuvo que el sector de la construcción y los promotores inmobiliarios están exentos de este tributo.

Representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) expresaron este 7 de diciembre del 2016 su “rechazo categórico” a ese proyecto y demandaron su “archivo definitivo”.

El presidente del CEE, Richard Martínez, afirmó en una rueda de prensa en Guayaquil, que éste es “un impuesto del 75%, que sin lugar a dudas es un impuesto de orden confiscatorio”.

Para el empresario, el proyecto “estigmatiza” el esfuerzo individual del ciudadano y afecta a la generación de riqueza, por lo que tendrá un efecto negativo para el país.

Cree que las leyes no solo deben medirse por el efecto inmediato de su articulado, sino por las expectativas que generan. “Con una economía ya debilitada como la nuestra, todas las actividades económicas demandan de mensajes de certidumbre y tranquilidad”, anotó.

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