8 de December de 2009 00:00

El proyecto de Ley del Deporte es criticado por la dirigencia

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Redacción Guayaquil

Si la Asamblea Nacional aprueba la nueva Ley del Deporte, las autoridades de la  federaciones deportivas provinciales serán designadas por el Ministerio del ramo.

Es decir,  estas entidades pasarían a ser  manejadas por servidores públicos. Ellos  llegarán a esos cargos a través de un concurso de mérito y oposición y no por medio de una elección entre los presidentes de las Asociaciones Deportivas Provinciales.

Esa propuesta  tiene críticas del    presidente de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), José Luis Contreras,  y del titular de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), Aníbal Fuentes.  Ambos dicen que está en juego la autonomía del deporte.

Contreras considera que de esa manera, si la Asamblea aprueba la Ley, “se estaría violando el artículo 382 de la Constitución de la República. El texto  dice que las entidades deportivas son autónomas y esa autonomía se extiende a sus instalaciones y escenarios deportivos en  todo el país”.

En ese sentido, a criterio de la ministra del Deporte, Sandra Vela, y según su exposición realizada en octubre pasado  ante la Comisión Ocasional de Deporte de la Asamblea Nacional, “se pretende tener un control total de los fondos que entrega el Estado a las Federaciones deportivas”.

Anualmente  estas entidades   reciben del Estado  cerca de USD 80 millones, según el Ministerio del Deporte. Esta Cartera entrega, mensualmente, a la provincia de   Guayas unos USD 900  000 y a Pichincha USD  700 000.

    Otro aspecto que motivó la Ley es  el 93% de sedentarismo (carencia de actividad física) que se registra en el país. A eso se suma la falta de educación   y   recreación físicas”, sostuvo la Ministra.
 
Para Contreras,  con la nueva  Ley, el deporte ecuatoriano entraría en una crisis porque se estaría politizando la práctica deportiva. En eso coincide Fuentes.  Él considera que se fomentaría    la burocracia en el deporte.   
   
Según Contreras, el Estado estaría “confiscando” los escenarios deportivos, con la séptima  disposición general  de la Ley. En ella se  establece que estas  instalaciones  son de utilidad pública.
 
Por su parte,  Fuentes dice que esa disposición atentaría contra el deporte de alto rendimiento. Su argumento es que una pista atlética, por ejemplo, no se la puede abrir al público en general, porque es únicamente para deportistas que tienen un nivel establecido de preparación”.
 
Fedeguayas alquila el estadio Modelo Alberto Spencer y el coliseo   Voltaire Paladines Polo, por lo menos, ocho veces al año para espectáculos públicos pagados (conciertos y otras presentaciones), según reveló Contreras. 

Por el coliseo, la entidad deportiva    cobra entre USD 8 000 y USD 10 000  y, por el estadio, entre USD 12 000  y USD 15 000.
 
Alquilar estos escenarios deportivos  representa a Fedeguayas ingresos que   bordean los    USD 200 000 anuales. La nueva propuesta de Ley sí da  paso a este tipo de acciones, ya que considera la generación de ingresos económicos a través de la autogestión.

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