30 de septiembre de 2015 17:15

Proyecto de alianzas público-privadas revive un impuesto

Empresarios de Guayaquil presentaron un reclamo por el pago del impuesto del 2x1000. Foto: Gabriel Proaño/El Comercio

Empresarios de Guayaquil presentaron un reclamo por el pago del impuesto del 2x1000. Foto: Gabriel Proaño/El Comercio

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Washington Paspuel

Es la única disposición general que contiene el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-privadas y la Inversión Social, enviado el lunes 28 de septiembre del 2015 a la Asamblea. Sin embargo, el escueto texto de dos líneas provocó el inmediato rechazo del empresariado de Guayaquil.

El texto dispone que se ratifique la vigencia de la Codificación de la Ley del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. Dicha ley implicaba el cobro de un impuesto del 2x1000 al capital de las empresas domiciliadas en el Puerto Principal dedicadas a las actividades comerciales, bancarias e industriales.

Lo recaudado estaba destinados a la construcción y equipamiento del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil.

Los titulares de los gremios empresariales de Guayaquil se reunieron este miércoles, 30 de septiembre del 2015, para emitir un pronunciamiento conjunto de rechazo a la inclusión de esa disposición en la ley de incentivos para las alianzas público-privadas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, sostuvo que ese tributo fue derogado por el Código Orgánico Monetario y Financiero. “Por tanto no corresponde pagar el impuesto a partir del ejercicio del presente año (2015)”. Para el empresario, haber derogado la ley resultaría inútil si continua vigente la codificación mediante su ratificación, tal como consta en el proyecto de ley remitido esta semana a la Asamblea.

Según los dirigentes de las cámaras empresariales de Guayaquil, muchas empresas pagaron ese impuesto pese a que fue derogado, por eso anunciaron que demandarán su devolución.
El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón, puso como ejemplo dos entidades bancarias, que juntas habrían cancelado USD 1 055 000 por ese concepto.

“Una empresa de vidrios pagó USD 55 000, una de línea blanca USD 50 000; otra procesadora de aluminio, USD 96 000”.
Para Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, “revivir” ese tributo "agrede al interés que pudieran tener empresas que quieren desarrollar proyectos de infraestructura y radicarse en Guayaquil bajo este esquema de la alianza público-privada.”

Alarcón consideró como “sospechoso” que esta única disposición general se haya incluido en el texto de la Ley de incentivos para las alianzas público-privadas, una semana después de que las cámaras de la producción de Guayaquil hicieran público ese pago, que consideran ilegal.

Arosemena consideró por su lado que volver a pagar dicho impuesto le restaría competitividad a las empresas radicadas en Guayaquil. A decir de los empresarios, en los borradores del proyecto que revisaron no constaba esa disposición general. Los gremios del Puerto Principal están recopilado información de sus afiliados para determinar cuánto pagaron el 2015 por concepto de ese tributo.

La Universidad de Guayaquil, que se halla bajo intervención, no se pronunció hasta la tarde de este miércoles sobre si efectivamente recibió los recursos por el impuesto.

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