31 de julio de 2016 00:00

Proveedores impagos pasan por múltiples crisis

Exoficinas de Magmasoft. Hoy tiene cuatro empleados que laboran desde casa. Foto: EL COMERCIO

Exoficinas de Magmasoft. Hoy tiene cuatro empleados que laboran desde casa. Foto: EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 148
Triste 1
Indiferente 4
Sorprendido 0
Contento 8
Valeria Heredia

Desde hace seis meses, Daniela Chaparro pasa sus días entre ministerios, juzgados y plantones. Socia de la empresa Magmasoft, esta emprendedora está camino a la quiebra.

Su empresa de tecnología nació en el 2006 y el Estado fue desde el principio su principal cliente. Empezó con 12 empleados y llegó a 52 el año pasado. Pero desde finales del 2015 no recibe todos los pagos por los servicios prestados.

Lo peor -dice- es que debe seguir brindando el servicio, pues no hacerlo significaría que le declaren como proveedor incumplido. “Me pueden ejecutar las garantías y he puesto bienes como garantía: mi casa, la casa de mi madre, los bienes de los suegros de mi hermana. Toda mi familia se quedaría en la calle”.

Para atender los gastos que demandaba continuar con la operación de su empresa tuvo que vender su auto. Su esposo también vendió el suyo y su hermana, socia del emprendimiento, hizo lo mismo con su casa y un vehículo.

Pero no fue suficiente y acumuló deudas con sus trabajadores por USD 200 000. La empresa canceló una parte de esos recursos, pero tiene cuatro juicios laborales en el Ministerio de Trabajo. “Los empleados pensaban que yo era una mala persona, pero no les pagaba porque no tengo dinero y debo seguir con el contrato o pierdo todo”.

La situación de la empresa la llevó a realizar recortes de personal. El año pasado, la empresa ocupaba un piso en un edificio al norte de Quito, pero tuvo que cerrar esas oficinas y ahora los cuatro empleados que quedan laboran desde casa.

La desesperación hizo que acuda con carteles y pitos al Ministerio de Finanzas para exigir el pago. Como ella, proveedores del Estado de diferentes sectores han realizado seis plantones en las afueras del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia desde abril pasado.

Freddy Lema, propietario de la empresa Servilim, que presta servicio de limpieza a entidades públicas desde hace cuatro años también es uno de ellos. Desde octubre pasado, el Estado le adeuda USD 150 000.

Este empresario quiteño tampoco puede deslindarse de sus contratos pese a las deudas. “Debo seguir laborando, pero desde junio mis 34 trabajadores no cobraron sus sueldos. No quiero incumplir y quedarme sin el patrimonio de mi familia”.

Para él, lo complicado se viene en agosto porque necesitará cerca de USD 6 800 para pagar los décimos. “No tengo esa cantidad de dinero”. También vendió su carro para pagar las deudas e hizo préstamos.

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, dijo el pasado 21 de julio que los atrasos del Estado sumaban USD 2 000 millones.

De ese monto, el Ministro señaló que existe un “atraso normal” que tiene que ver con pagos pendientes de corto plazo y que corresponden al 0,9% del PIB. “Un constructor deja una factura y mientras se realiza la fiscalización se hace la obra, eso toma un tiempo para pagarse normalmente”. Dijo que la meta es reducir a menos del 1 % del PIB los atrasos, que ya podría considerarse como “normal” y manejable.

En la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas hay algunos beneficios para los proveedores del Estado. La disposición transitoria tercera amplió el plazo para el pago de las obligaciones tributarias para los proveedores estatales.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anotó que hay varias consideraciones para acceder a este beneficio; entre ellas, que las deudas del proveedor correspondan al período enero de 2015 y máximo hasta diciembre de 2016. Otra es que el valor de la deuda con el SRI sea igual o menor al valor pendiente de pago por el Fisco. La entidad no indicó cuántas personas accedieron al beneficio.

Otro beneficio es la ampliación del plazo para el pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Para Freddy Maldonado propietario de la empresa Torre Fuerte, otro proveedor, el beneficio es mínimo porque no son las únicas deudas que tiene. También afronta obligaciones con bancos y trabajadores.

“El flujo de caja es negativo en las empresas, por lo que tienen que sacar préstamos o hipotecar sus bienes. Es una situación asfixiante”, dice Juan Carlos Chávez, representante de la Cámara de Proveedores de Tecnología.

En el caso de Maldonado hizo trabajos de ingeniería eléctrica y civil para una entidad pública. Entregó la obra en el 2015, pero aún le deben.

La semana pasada escuchó que el Gobierno había obtenido USD 1 000 millones en recursos frescos por una colocación de bonos. No lo pensó mucho y el miércoles tomó su auto y viajó desde Tena, donde tiene su empresa, hasta Quito para pedir al Ministerio de Finanzas que escuche su caso y cancele la deuda.

La jornada de protesta terminó con la promesa de las autoridades, una vez más, de que pronto se hará el pago.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (49)
No (10)