7 de diciembre de 2015 15:43

Críticos de los toros piden investigar el supuesto ingreso de menores y de licor

Los jóvenes activistas esperan sanciones, por la supuesta inobservancia al Reglamento para el acceso a los espectáculos públicos. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Activistas plantearon una acción de protección, por una supuesta inobservancia al Reglamento para el acceso de menores a los espectáculos públicos. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

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Isabel Alarcón

Activistas buscan que la Justicia se pronuncie por la supuesta venta de alcohol y el presunto ingreso de menores de 16 años a la plaza de toros Belmonte, en Quito. Así lo manifestó Felipe Ogaz, representante de la agrupación Diabluma, después de la audiencia que se llevó a cabo este 7 de diciembre del 2015, en la Unidad Especializada Cuarta de la Mujer, la Familia, la Niñez y la Adolescencia.

La audiencia es parte de la acción de protección que solicitaron los antitaurinos porque, según ellos, se habría vulnerado los derechos de los menores, al permitir su ingreso a las corridas, por ser un espectáculo violento. Ogaz se refiere a una de las jornadas que se desarrolló en la plaza Belmonte, dentro del programa por el 481 aniversario de la fundación de Quito.

Y hace referencia al episodio de 'El Fandi', torero que fue embestido por un toro, esto “no solo impactará a los niños sino también les hará pensar que la violencia es algo normal”, dijo.

El colectivo busca que se ratifique la negativa de la presencia de menores de 16 años en espectáculos de “extrema violencia”. La agrupación se acoge al artículo 23 del Reglamento para el acceso a los espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En este se establece que la autoridad que haga caso omiso de las regulaciones será destituida de su cargo.

Piden determinar responsables en el Ministerio del Interior, esclarecer porque no estuvo presente la Dinapen y que se sancione al Administrador General del Municipio, quien se encarga de emitir los permisos.

Shady Heredia, vocera del colectivo Abolición es Evolución, afirma que tienen pruebas de que se irrespetaron las prohibiciones en las corridas de toros. Sostiene que no se realizó el control a la entrada y aunque no permitían ingresar con bebidas alcohólicas, el grupo dice tener pruebas de que en el interior sí se vendió licor.

También se refirieron a los cinco activistas que fueron detenidos durante una de las protestas en los exteriores de la plaza. Se quejan por el trato que recibieron por parte de los agentes, quienes trataron de retirarles sus cámaras. Los detenidos salieron en libertad al día siguiente, por llegar a un mutuo acuerdo con la Policía y con la prohibición de participar en protestas anti taurinas, durante un mes.

Heredia considera que en años previos se establecieron mayores controles durante las corridas, pero esperan que esta sea la última ocasión en la que se lleven a cabo estos espectáculos.

La resolución se les notificará en 72 horas. Ogaz confía en que se ratifiquen las prohibiciones y se establezcan las sanciones necesarias a las autoridades responsables. La contraparte no se presentó a la Audiencia.

Mientras tanto, algunos activistas de diversas organizaciones como ADLA, Manda Quiteña y PAE esperaron en los exteriores por la resolución. También, están planificando los temas a discutir en la asamblea del colectivo, que se llevará a cabo este miércoles, 9 de diciembre y se preparan para el segundo debate de la Iniciativa Popular Antitaurina, en el Concejo Metropolitano de Quito.

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