30 de julio de 2015 20:16

Tres procesos dilatan la continuación del Metro de Quito

Imagen registrada el 16 de julio del 2015. Trabajos en la estación del Metro en el Labrador, en el norte de Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO.

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Redacción Quito

A siete días de cumplir tres meses del inicio de la renegociación, entre el Municipio de Quito y el consorcio Odebrecht-Acciona, este trámite no concluye. El objetivo de esta acción es reducir la diferencia de USD 500 millones, entre el precio inicial (USD 1 500) y la propuesta más baja presentada para construir la segunda fase (USD 2 000 millones).

Este es uno de los tres escollos que demoran la construcción de la segunda etapa del metro. De este proceso, con el argumento de la cláusula de confidencialidad que tiene la renegociación, poco se conoce. No han trascendido detalles de lo planteado por el Municipio y, menos aún, por el consorcio Acciona-Odebrecht.
Un segundo escollo está en el tiempo que se debe esperar para que la Contraloría General del Estado dé los resultados de varios exámenes especiales que realiza sobre el proyecto Metro. Desde julio del 2014 hasta la fecha se han extendido cinco solicitudes por parte de la empresa Metro de Quito.

Los dos últimos pedidos fueron hechos el 10 de julio, para un examen especial al proceso de licitación para la construcción de la fase dos y, otro, para el proceso de fiscalización para la ejecución de esta misma fase.

El tercer escollo, y talvez el que se ha vuelto más complejo, está en la entrega de las garantías soberanas por parte del Gobierno, lo que permitirá tramitar un nuevo crédito que permita cubrir la diferencia.

Este ha sido un proceso que está en trámite, con el envío de comunicados y respuestas entre Finanzas y el Municipio de Quito. Los últimos fueron enviados, el 21 de julio, por ese Ministerio y la respuesta que envió el Municipio, con fecha del 24 de julio del 2015.

En las partes pertinentes, ambas entidades hacen referencia al monto de dinero por el cual se requiere la garantía soberana. El Ministerio señala: “Ante la insistencia de esta Subsecretaría, el GAD municipal de Quito, con oficio 1594, ingresado el 17 de julio del 2015 en el Ministerio de Finanzas, envía documentación, pero otra vez sin precisar el monto por el cual requiere que se le otorgue la garantía soberana”. A párrafo seguido, señala que “persisten observaciones con respecto a la documentación que sustenta el flujo de ingresos y gastos que permitiría continuar el análisis de la capacidad de pago”.

Sobre este último pedido, la Empresa Metro de Quito informó ayer a este Diario que el Municipio, mediante oficio No. A 215, del 24 de julio de 2015, contestó la solicitud del Ministerio de Finanzas.

“En el documento se especifica el monto por el cual se requieren los avales soberanos. Esta cifra no es de carácter público, ya que está sujeta a la cláusula de confidencialidad de este proceso. Particular que también conoce el Ministerio de Finanzas”.

El tema del monto no es nuevo entre estas dos entidades estatales. El 23 de junio, el Municipio remitió, por primera ocasión al Ministerio de Finanzas, la documentación oficial requerida para el análisis de la capacidad de pago. El objetivo: obtener la garantía soberana necesaria para concretar el cierre de las operaciones crediticias del proyecto Metro.

En esa documentación, no se precisó el monto adicional para el que requiere la garantía soberana. Eso dijo Juan Gabriel Iza, subsecretario de Relaciones Fiscales del Ministerio de Finanzas, a Miguel Rodrigo Dávila, administrador general del Municipio, a través de un oficio del martes 21 de este mes.

Además, uno de los problemas que argumenta el Ministerio de Finanzas es que el Municipio de Quito presentó un monto superior por concepto del Modelo de Equidad Territorial (MET) del 2015. Esto en relación con la cifra oficial publicada en el Acuerdo Ministerial N. 0197, a través del cual la Cartera expidió las asignaciones a los municipios.

Otra puntualización que le hace Finanzas es que el plan plurianual de inversiones 2015-2019 enviado no ha sido aprobado por el Concejo Municipal. Y no consta el rubro correspondiente a obras públicas. También hay observaciones a los datos presentados sobre gastos financieros y de amortización de la deuda pública, pues en estos rubros se deben evidenciar los montos por desembolsar de la deuda vigente. No únicamente de los de la deuda desembolsada.

El concejal Marco Ponce dijo, ayer a Ecuavisa, que es imposible iniciar la segunda fase del proyecto sin contar con los fondos requeridos. Y obviamente los organismos multilaterales crediticios no van a desembolsar esos dineros mientras no se tenga el aval soberano, que lo entrega el Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas.

El concejal de SUMA-Vive, Antonio Ricaurte mantiene su anuncio de que no se apoyará el proyecto Metro, si la segunda parte de esta obra la ejecuta Odebrecht. Así mismo, ayer, el edil Patricio Ubidia, de País,se preguntó cuánto costará a los quiteños la demora de la obra.

En contexto

En los últimos días, varios concejales quiteños se han pronunciado sobre el estado en que se encuentra el proyecto Metro. El debate se ha centrado en el financiamiento, los precios que alcanzó el proyecto, el papel del Gobierno a través del Ministerio de Finanzas; pero también, la falta de gestión y liderazgo.

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