5 de septiembre de 2017 11:22

El proceso para conceder las amnistías no pasa del CAL

La Conaie presentó en la Asamblea un pedido de amnistías, el pasado 30 de mayo. Foto: Cortesía Confeniae

La Conaie presentó en la Asamblea un pedido de amnistías, el pasado 30 de mayo de 2017. Foto: Cortesía Confeniae

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Diego Puente
Redactor
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Desde la movilización que organizó la Conaie hacia la Asamblea Nacional, en mayo de 2017 -para pedir amnistías a favor de líderes sociales-, han transcurrido 105 días. Ninguna se ha concedido.

Hasta ahora, lo que se ha hecho es un documento denominado Estado Informativo, donde se ahonda en los detalles de cada expediente.

Los asesores de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo estructuraron. Hay más casos registrados, con relación a la lista que inicialmente entregó la Conaie al Legislativo.

Los dirigentes indígenas creían que eran 177 personas, con base a la información que levantaron con las familias de los procesados.

Luego se añadieron, en julio, 37 nombres más a la lista entregada a la Asamblea. Pero según el registro de la comisión son en total 225 personas vinculadas.

Esa comisión concluyó que hay algunos nombres que se repiten, porque tienen más de un proceso pendiente en su contra. En el denominado caso Esmeraldas, por ejemplo, seis dirigentes son mencionados por dos delitos. Uno por supuesta asociación ilícita y otro por tenencia de armas.

Ellos fueron detenidos durante una protesta en contra de una empresa maderera, en el 2012, y señalados como supuestos invasores de tierras.

Según el abogado de la Conaie, Wilson Ordóñez, también hay casos en los que en una misma manifestación fueron detenidos varios líderes acusados de ataque y resistencia y por invasión de propiedad privada, en la Amazonía.

En el Estado Informativo constan las actuaciones procesales de cada caso. Algunos están a la espera de audiencias y en otros se ha realizado la apelación de la sentencia por parte de los acusados. El documento ya fue enviado al presidente de la Asamblea, José Serrano, en junio pasado.

Ahora resta que sea analizado por el CAL. Patricio Donoso, asambleísta por Creo e integrante del organismo, espera que en los “próximos días” se pueda conocer el texto para referirlo a la mesa de Justicia, presidida por Marcela Aguiñaga, de Alianza País (AP). Se necesita un informe favorable para que pase al Pleno.

El bloque de asambleístas de Pachakutik se dio como plazo esta noche, para tener una respuesta. Una de sus asambleístas, Encarnación Duchi, comentó que el tema iba a tratarse el jueves de la semana pasada en una reunión con el Presidente del Legislativo. Sin embargo, la cita no se dio por cuestiones de agenda.

Mientras, el tsáchila Ángel Gende, de la bancada de Integración Nacional, adelantó que ya se ha convocado a una movilización el 20 de septiembre para pedir que se otorguen las amnistías. Consideran que se ha esperado suficiente tiempo al Gobierno y hay una preocupación en las familias de las personas que
están procesadas.


Jaime Vargas lleva casi dos años y medio enfrentando un proceso judicial. Desde el 13 de agosto de 2015, hasta la fecha no ha recibido sentencia.

Asegura que hace dos años, cuando trabajaba en el gobierno provincial de Morona Santiago, decidió participar en el paro nacional convocado por la Conaie en contra del anterior Gobierno. En esta provincia están abiertos la mayor cantidad de procesos: 11 en total. El resto se distribuye en otras 12.

En la lista de procesados constan también algunos de los principales dirigentes indígenas. Este es el caso de Marlon Vargas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (Confeniae). Él asegura que fue detenido por luchar contra el extractivismo. En las jornadas de protesta se dieron violentos enfrentamientos con la fuerza pública.

Las acusaciones más frecuentes son por los supuestos delitos de ataque o resistencia, asociación ilícita, paralización de servicios públicos, sabotaje y terrorismo.

Esto le preocupa al abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Francisco Llanos. Él señala que estos delitos “no son amnistiables” porque van contra la “eficiente administración del Estado”. A esa preocupación se suma la de Lourdes Tibán, dirigente indígena, que espera una actuación imparcial de la Asamblea. Recordó que el actual presidente, Serrano, fue ministro del Interior cuando se produjeron los enfrentamientos.

Anastacio Pichizaca, expresidente de la Unión Provincial de Comunas de Cañaris (Upccc), fue detenido en Cañar por supuesta paralización de servicios públicos al bloquear la carretera dentro de la misma marcha de 2015 y estuvo preso durante 16 días.

En la actualidad está a la espera de la audiencia de juzgamiento.
Por otra parte, en la información que maneja la Conaie hay 56 procesados por asesinato. Ordóñez sostiene que debe existir una investigación y castigar al responsable. Y no criminalizar a personas inocentes.

En el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa consta como una atribución de la Asamblea conceder amnistías por delitos políticos con el voto de las dos terceras partes del Pleno. La oposición tiene 63 y necesitará de 28 más del oficialismo.

En contexto
La agenda en los primeros 100 días de la Asamblea Nacional ha estado marcada principalmente por las acciones de control político y fiscalización a diferentes organismos y autoridades estatales. Los temas legislativos han quedado relegados.

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