14 de abril de 2016 16:46

El problema que desata las drogas será analizado en una 'sesión especial'

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Sara Ortiz

La Asamblea General de las Naciones Unidas sesionará por tercera vez, en 26 años, sobre las políticas adoptadas en torno al problema de las drogas. Será una oportunidad para que los estados revisen y reorienten sus políticas nacionales y el futuro de un nuevo marco internacional para el control de drogas.

En esta cita, que será del 19 al 21 de abril en Nueva York, Estados Unidos, participará la Defensoría Pública del Ecuador. Así lo confirmó ayer, 13 de abril, Ernesto Pazmiño, titular de este organismo. En una reunión de trabajo con medios de comunicación, el Defensor detalló que el propósito de la reunión es transcendental pues como país y como Región hay una postura que propone cambiar el enfoque de la guerra frente a las drogas. Pasar de lo punitivo a la regulación de los mercados de las drogas, como es el caso de Uruguay.

Esta reunión fue propuesta por Colombia, México y Guatemala, que sufren altas tasas de inseguridad, corrupción de las instituciones y el enriquecimiento de las redes que comercializan las sustancias. Según Pazmiño en esa sesión, la Cancillería será la encargada de explicar la posición del Ecuador. Hasta ahora, los avances más significativos para enfrentar este problema han sido en las legislaciones. La no criminalización del Consumo, que se establece en la Constitución, y la proporcionalidad de las penas según la sustancia y el peso. Sin embargo criticó que en el país “no existan centros de tratamiento” para las personas con consumo problemático y que a pesar de los avances en el país hay consumidores en las cárceles. Detalló que el 30% de la población carcelaria, unas 7 000 personas, son detenidas por tenencia de drogas en cantidades mínimas.

A nivel de la Región, Uruguay ha dado un paso al proponer la regulación desde el Estado de los mercados de consumo. El gobierno de Colombia también ha expresado iniciativas como la creación de centros de consumo regulado de algunas drogas y la flexibilización también aplicaría frente al tratamiento penal de los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico (mulas y cultivadores). El enfoque de Derechos Humanos en las políticas antidrogas es una posición que tiene consenso en América Latina.

Para Pazmiño estas propuesta debería ser también parte del debate nacional sobre las estrategias del Gobierno para enfrentar este negocio criminal.

En la reunión de la ONU, los estados presentarán ya un borrador donde se abordan temas como la reducción de daños, el acceso a medicamentos controlados, la pena de muerte que todavía está vigente en 30 países, la proporcionalidad de las penas, el desarrollo alternativo, el uso tradicional y los derechos indígenas.

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