La audiencia culminó cerca de las 10:30 de este viernes 14 de julio del 2017, en la Corte de Justicia de Cuenca. Foto: Lineida Castillo/EL COMERCIO
La audiencia demoró casi dos horas y el exgerente de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca recobró su libertad. Él es investigado por el delito de omisión en tráfico de influencia por la adjudicación de un contrato.
La audiencia culminó cerca de las 10:30 de este viernes 14 de julio del 2017, en la Corte de Justicia de Cuenca. Tras los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del implicado, el juez de Garantías Penales, de Azuay, José Peralta, reemplazó la prisión preventiva por medidas cautelares para Palacios.
Ahora deberá presentarse cada ocho días en la Corte de Justicia, no podrá salir del país. y llevará un dispositivo electrónico de vigilancia. El exgerente fue detenido el 12 de junio del 2017 en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba salir del país con destino a Estados Unidos.
Todo empezó el 4 de mayo del 2017 cuando el concejal, Cristian Zamora, denunció algunas irregularidades en la adjudicación del contrato para la ampliación de la planta potabilizadora de Tixán, ubicado en la parroquia rural de Chiquintad. El contrato fue firmado enero pasado por USD 9,6 millones.
Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), denunció el caso en la Fiscalía de Azuay. La noche del lunes 12 de junio, en la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó la prisión preventiva el exdirectivo, porque conocieron que se disponía a abandonar el país.
Durante la audiencia de este viernes 12 de julio, Juan Carlos Salazar, abogado del indagado, demostró con documentos que ese viaje fuera del país era para cumplir con una cita médica. Hasta el edificio de la Corte de Justicia llegaron familiares y conocidos del implicado para apoyar en su defensa.
Para la revocatoria de la prisión preventiva, el juez Peralta también consideró las condiciones de salud, sicológicas y social del implicado. Pero aclaró que no se han desvirtuado los indicios de responsabilidad contra las cinco personas con que cuenta la Fiscalía de Azuay.
Los otros implicados son el gerente de Agua Potable y Saneamiento, Carlos Javier F. y el subgerente de Infraestructura, Jason E. quienes están con prohibición de salida del país y deben presentarse cada 15 días ante la justicia. Mientras que dos contratistas están con prohibición de enajenar sus bienes.