30 de junio de 2014 19:41

Los principios económicos del Régimen se movieron en 7 años

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Carlos Rojas A. Editor 
politica@elcomercio.com 
(I)

Las decisiones adoptadas por el Gobierno los últimos meses en materia económica indican que muchos de los preceptos de Alianza País en su plan de gestión, de cara a las elecciones del 2006, han mutado.

Ese cambio se palpa en cinco facetas que en un inicio fortalecieron el concepto de revolución ciudadana. La primera tenía con ver con el discurso de la ilegitimidad en torno al endeudamiento externo y, en segundo lugar, se promovió un distanciamiento con los organismos multilaterales.

También surgió el sueño de dejar atrás el extractivismo como fuente del desarrollo nacional y se insistía en que los subsidios sí marcha una política efectiva de ayuda social. Finalmente, había tomado fuerza los cuestionamientos cualquier acuerdo comercial que signifique, en palabras del presidente Rafael Correa, “un bobo aperturismo”.

Casi ocho años después, el radicalismo que emanaban esas esas consignas ha perdido intensidad, al tiempo que el Gobierno opta por deciciones económicas similares a las de mandatos anteriores.

Una de ellas es la colocación de  bonos de deuda en los mercados internacionales por USD 2 000 millones. Son papeles con una tasa de interés del 7.9%, más altas en relación a otros países de la región.

Los interesados en adquirir estos bonos necesitan de un aval del FMI, organismos que tendrpa que revisar el estado de la economía ecuatoriana.

El alto costo que para el Ecuador tienen estos bonos es consecuencia de su  última moratoria declarada en el 2009, bajo el argumento de que hubo tramos ilégitimos de la deuda ecuatoriana, luego de que una comisión del gobierno de Correa emitiera un polémico informe a finales del 2008.

La decisión que se tomó entonces guardaba relación con los preceptos que Alianza País escribió en su plan de Gobierno 2007-2011: “El Ecuador requiere una visión de corto, mediano y largo plazos del problema del endeudamiento. El pago de la deuda externa no puede ser, en ningún momento, un freno para el desarrollo”.

Esa visión alentaba a que Ecuador no se someta a la “presión política”, por parte de los tenedores de deuda, para lo cual había que desarrollar una “propia política económica alejada de las condiciones del FMI y Banco Mundial”.

Fander Falconí, uno de los dirigentes intelectuales de Alianza País, no cree que la reciente colocación de bonos de deuda signifique una contradicción.

Él insiste en que muchas de las deudas anteriores fueron “ilegítimas e inmorales” y que es el actual gobierno el que ha merecido un reconocimiento internacional, porque tras la denuncia de esa ilegitimidad, “usó mecanismos de los mercados financieros para reducir el peso de esta con un ahorro de de USD 8 000 millones”.

Para Falconí, el reciente retorno al sistema financiero internacional merece una mayor explicación por parte de las autoridades, pero “no veo ningún tipo de condicionamientos que lesionen soberanía”.

El exministro de Economía de este Gobierno, Diego Borja, sí encuentra que las críticas al sistema neoliberal de hace siete años (deuda, relación con los multilaterales, no a los acuerdos comerciales, etc.), estuvieron vigentes solo hasta el 2011. “Hoy han cambiado el discurso y la práctica económica con una factura neoliberal”.

Borja advierte que el Gobierno terminará sometiéndose a los condicionamientos de los multilaterales, que si bien no serán similares al de los años 80 y 90, pero exisitirán. “El FMI es un garante de la banca internacional, ese es su rol”.

El cambio que a su juicio existe en la hoja de ruta económica obedece, más que a factores externos, a las nuevas relaciones de poder existentes dentro del oficialismo y con distintos sectores económicos.

Por eso no le resulta aislado suponer que en el plan de gobierno de Alianza País del 2006 trabajaron personas hoy alejadas del Gobierno. Mientras que es el vicepresidente Jorge Glas, cabeza de los sectores estratégico y ejecutor del llamado cambio de matriz productiva quien hoy tiene más espacio.

¿Es por eso que el Gobierno apostó por el extractivismo petrolero, dejando de lado un proyecto bandera como la Iniciativa Yasuní, o que hoy se busque acelerar la firma del acuerdo comercial con Europa?

Borja insiste en que “hay un cambio de línea política interna que requiere de la reelección indefinida; eso es obvio”.

Falconí explica que los logros económicos del Gobierno se verán a largo plazo. “El fin del modelo extractivista solo se conseguirá con la incorporación de valor agregado dentro de la economía y que eso no se hace de la noche a la mañana”.

Ambas lecturas llevan a concluir que las necesidades de financimiento del Gobierno (vía deuda o por recursos petroleros) lo que buscan es mantener una política de gasto público que, en cambio, ha marcado el ADN económico del Régimen.

El problema ahora son los ritmos, pues Borja estima que el país va percibir una desaceleración de ese gasto, “que no es lo mismo que una recesión”.

Por ello, cobra sentido que el Régimen decida cortar ciertas partidas como recursos adicionales a los gobiernos seccionales u otros rubros.

Se palpa -entonces- la intención por “racionalizar”, en palabras de Falconí, subsidios como el gas a través del cambio de la matriz energética, pero que bajo ningún sentido se se afectará “inversión en capacidades humanas y en infraestructura pues son fundamental en un proceso de desarrollo humano, y permiten afrontar la crisis sistémica del capitalismo central”.

En lo que estas dos figuras coinciden, es que el Régimen debe retomar el aliento inicial por construir una arquitectura financiera latinoamericana que le permita al país tener mercados y líneas de financiamiento más favorables.

A criterio de Borja que iniciativas como el Banco del Sur no no tengan mayor ritmo es otro pasivo de este Gobierno.

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