4 de December de 2009 00:00

Primera condena contra militar en Guatemala por desaparición de personas

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Guatemala, AFP

Un coronel retirado guatemalteco fue condenado el viernes a 53 años de cárcel, en la primera sentencia dictada por la justicia de Guatemala contra un militar por desaparición de personas durante la guerra civil (1960-1996).

Marco Antonio Sánchez Samayoa, de 72 años y preso desde hace cinco, fue condenado junto a tres paramilitares por la desaparición de ocho campesinos, quienes fueron detenidos en octubre de 1981 en la aldea El Jute, Chiquimula (este del país).

“El tribunal le dio valor probatorio a todas las pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público y por eso se emitió la condena por los delitos contra la humanidad y desaparición forzada”, declaró a la AFP la secretaria del juzgado, Roxana Franco.

Los otros condenados son los 'comisionados militares' (civiles armados que cumplían tareas represivas bajo órdenes del Ejército) Salomón Maldonado Ríos (62 años), Gabriel Álvarez Ramos (56) y Domingo Ríos Martínez (78).

Al igual que el coronel, cada uno de los paramilitares fue condenado a 53 años de prisión por el tribunal de Chiquimula, explicó Franco.

“El fallo es una pequeña luz en contra de la impunidad”, declaró a la AFP, Benito Morales, asesor legal de la Fundación Rigoberta Menchú, que dirige la Premio Nobel de la Paz guatemalteca.

“La sentencia es histórica, (porque) es la primera contra un militar por desaparición forzada durante la guerra”, dijo.

La fiscalía había pedido 570 años de prisión tanto para el oficial como para cada uno de los paramilitares, quienes estaban detenidos desde hace cinco años, luego de que los familiares de los campesinos presentaran denuncias por las desapariciones en 2000.

El coronel Sánchez, delicado de salud, escuchó la sentencia acostado en una camilla en la sala del tribunal, en una prolongada audiencia iniciada el jueves y que culminó la madrugada del viernes.

Los supervivientes acusaron a Sánchez de hacer desaparecer a ocho personas en octubre de 1981, después de detener y torturar a 45 campesinos en El Jute, a quienes culpaban de colaborar con la guerrilla izquierdista.

Sánchez es el primer militar juzgado y condenado en Guatemala por desaparición de personas (en agosto fue condenado un paramilitar), en un proceso que demoró años por diversos recursos legales de los acusados, y desarrollado en medio de denuncias de amenazas a los testigos.

La condena “llegó en un momento apropiado porque va a generar confianza y más valor entre las víctimas para demandar justicia”, dijo a la AFP, Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, entidad de derechos humanos que respaldó a las familias de víctimas.

Polanco resaltó el “valor de los jueces para dictar esa sentencia”, porque existía la presión de la Asociación de Veteranos Militares para que el coronel fuera absuelto.

El 30 de agosto, un tribunal guatemalteco condenó al ex paramilitar Felipe Cusanero a 150 años de cárcel por la desaparición de seis personas, lo que abrió esperanzas de justicia en un país con larga tradición de impunidad.

Cusanero fue el primer condenado en Guatemala por desaparición de personas durante la guerra civil, que dejó unos 200 000 muertos y desaparecidos según estimaciones de la ONU y de una Comisión de Esclarecimiento Histórico.

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