7 de junio de 2014 21:04

Presunta estafa se extendió a varios puntos del país

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Los afectados acudieron a la Fiscalía para presentar la denuncia por presunta estafa. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Un video en YouTube mostraba las claves del éxito de su empresa. “Como diría Steve Jobs, si un negocio no está en Internet no es un negocio… esto se ha vuelto una fiebre en el país”, decía Luis C., presidente de la compañía Publifast.

Esta empresa ‘online’ sumaba más de 100 000 afiliados en 10 ciudades del país y supuestamente abrió mercado en otros países como España, Perú y Estados Unidos a través de las redes sociales y la Internet.


Desde la semana pasada, cuando reventó este caso de presunta estafa masiva, se regaron las denuncias. La firma ofrecía un trabajo sin salir de casa, en una oficina virtual y por medio de un sistema piramidal. Muchos usuarios afirman que invirtieron desde USD 112 hasta USD 9 000, con la esperanza de duplicar, en corto tiempo, su capital.


Para entrar al negocio debían compartir anuncios publicitarios en sus muros de Facebook con 20 contactos. Y adicionalmente reclutar a tres personas más para la misma tarea.
A Daniel P. le resultó atractivo e invirtió casi USD 5 000 que no logró recuperar.

Ayer, 7 de junio, al mediodía llegó con su esposa y sus dos hijos hasta el despacho del abogado Hernán Ulloa, quien asumió la defensa de un grupo de perjudicados.
 Ahí mostró dos facturas arrugadas en las que le cobran USD 300 más IVA por un kit de publicad. “Entré hace unas cuatro semanas (…) me ofrecieron ganar USD 2 000 al mes por seis meses y como USD 
3 000 más mensuales por un año. Ahora solo me quedé con estas facturas”.


Para el abogado Ulloa, a más del delito de estafa, los perjudicados deberán afrontar problemas legales con el Servicio de Rentas Internas (SRI). “Esta compañía, al momento de captar estas membrecías, pedía a las personas que entregaran facturas en blanco a cambio del dinero de pago. Ahora, según averiguaciones en el SRI, los valores que les han entregado son menores a los que constan en la factura. Por ejemplo, si a ellos les daban USD 300 en la factura decía USD 8 000”.


Ayer, el celular de Ulloa no paraba de sonar. Ha recibido llamadas de perjudicados desde Quito, Quevedo, La Maná, Lago Agrio, Manta, Durán… 
Mañana harán una gran concentración y el martes esperan reunirse con el presidente Rafael Correa en Guayaquil.
 También solicitarán al fiscal General, Galo Chiriboga, que delegue a un investigador para que se encargue de este caso.


El abogado pidió además a las autoridades el allanamiento de los bienes inmuebles de la compañía, la enajenación de las cuentas bancarias de sus propietarios y la prohibición de su salida del país. “Eso no se ha hecho hasta ahora”.


Adrián C. perdió USD 1 000. Recuerda que en los últimos siete meses el sistema que aplicaba la compañía tuvo varios cambios. Primero pagaban con cheques. Luego fue el famoso sistema de los puntos.
 Uno hacía 20 publicidades, por seis días a la semana y automáticamente la página sumaba 100 puntos o USD 100.

Luego vino el sistema de la factura en blanco”. Antes del cierre del negocio, su página en Internet sufrió algunos ataques de ‘hackers’. Ya no aparece en la Red.
“Nos hacían promesas. Decían: sí, la empresa si puede quebrar, pero en unos cinco o seis años, cuenta Adrián C. 
Él no dudaba porque personajes reconocidos de la televisión eran la imagen de la compañía.

“El gerente sé que es un artista. Incluso la semana pasada hubo un concierto auspiciado por la empresa”. 
A diferencia de otros días, ayer no hubo aglomeraciones en las oficinas de esta firma.
Las puertas del negocio, ubicado en el sur de Guayaquil, permanecieron cerradas, solo custodiadas por un cartel de “se alquila”. Y hasta la tarde del viernes, decenas de afectados se amontonaron en los exteriores de la Fiscalía del Guayas.


Se calcula que este caso suma unos 60 000 perjudicados a escala nacional. Ahora, también por medio de Internet, se creará una página para reunir a todos los afectados en el país y buscar soluciones.

En contexto

El artículo 560 del Código Penal vigente sanciona al delito de estafa con prisión de uno a cinco años. Los afectados por la empresa ‘online’ buscan reunirse con el presidente de la República, Rafael Correa, y el fiscal general, Galo Chiriboga, para exponer su caso.

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