Andrés Michelena dijo que la responsabilidad sobre esta deuda a Gamavisión caerá sobre la Presidencia de la República. Foto: Tomada del Twitter de Andrés Michelena @caanmichelena
Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, anunció que la Contraloría General del Estado (CGE) impondrá a la Presidencia de la República la responsabilidad por el perjuicio económico que se causó al medio incautado Gamavisión, durante el Gobierno anterior.
En junio pasado, la CGE emitió el informe final sobre las operaciones administrativas y financieras de ese medio incautado, entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de octubre del 2017. En ese período se realizaron 119 sabatinas, es decir, el 22,75% de las 523 cadenas que hizo el Gobierno en ocho años.
La entidad de control determinó que Gamavisión dejó de recibir USD 6 631 839,62 por la transmisión de esos enlaces ciudadanos. Uno de los exfuncionarios señalados en ese informe es el exdelegado de Presidencia a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), Fernando Alvarado.
Michelena dijo este martes, 17 de julio de 2018, en una entrevista con Ecuadoradio, que la responsabilidad sobre esta deuda caerá sobre la Presidencia de la República y debería pagar ese dinero. Sin embargo, adelantó que el Ejecutivo interpondrá un proceso de repetición de esa sanción ya que la orden de transmisión de los enlaces fue de la administración gubernamental anterior.
En la entrevista, además, el funcionario dio sus impresiones sobre el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) acerca de la libertad de expresión en Ecuador, desde que se posesionó el Gobierno de Lenín Moreno.
Michelena aseguró que para el Ejecutivo es muy alentador avanzar, aunque se requiere ir más rápido, en términos de libertad de expresión. “Llegar a un cambio significa cumplir un proceso”, dijo.
Destacó que el informe, desde el título, remarca un giro de 180° en el manejo de la libertad de expresión con el Gobierno actual, ya que eso da cuenta de que ha habido un cambio en la transparencia que debe existir entre el Estado y los medios de comunicación y en la libertad de expresión.
“Todo tiene un proceso. Había prioridades durante el primer año de Gobierno, mucho más importantes que los medios de comunicación. El tema de transparencia y poner la casa en orden. Este era un proceso más”, argumentó sobre la velocidad con la que avanzan las reformas a la Ley de Comunicación.
Además, informó que en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, el 50% de los artículos de la reforma ya están consensuados y espera que en no en más de 30 días, el proyecto legal pase al primer debate en el Pleno.