11 de January de 2010 00:00

Preocupación de militares

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Miguel Rivadeneira V.

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En este país de sordos, ciegos y vivos -no por una discapacidad física que hay que respetarla sino político-mental- la historia de las preocupaciones militares es justificable por una serie de hechos institucionales y personales. El Estado ha sido moroso en la atención oportuna para mantener operativas a sus tres ramas y de haber repotenciado a tiempo sus materiales, que últimamente se retomó.

Las FF.AA. cumplieron una página destacada cuando derrotaron en 1995 en el Cenepa a sus similares del Perú;  pero pese a la preparación profesional,  el deterioro y las limitaciones materiales se profundizaron. Por ello cuando las fuerzas regulares de Colombia violaron nuestra soberanía e integridad territorial, el 1 de marzo de 2008, para dar el golpe a Raúl Reyes y miembros de las FARC que estaban bien instalados en el Ecuador, nos tomó disminuidos y sin todos los equipos de reacción inmediata. 

A esto se suman hechos que golpean al bolsillo de los militares y que causan molestias como a cualquier persona. El pago impuntual de sus salarios. La suspensión de la entrega de los aguinaldos navideños. La pérdida periódica de servicios en seguridad social. El cierre del Comisariato del Ejército con el consiguiente desempleo. La afectación de las pensiones de retiro y la reducción para quienes siguen activos en relación laboral. El tema educativo y el caso Iaen. Tampoco se ha visto bien cuando se ha pretendido dividir y polarizar posiciones en reuniones con la tropa y la oficialidad, en momentos en que el año 2010 corresponde al cambio legal en la cúpula militar.

Esto es parte de los pasivos reales que están latentes, pero de allí a ver conspiraciones no tiene hoy asidero. Son estrategias que desde el poder se utilizan en momentos de crisis. Resulta curioso que estas denuncias se produzcan luego de que las FARC revelaran supuestas acciones de desestabilización en el Ecuador con la injerencia de paramilitares.

Los temas de seguridad no han sido bien manejados, incluso a partir de la expedición de la nueva Ley de Seguridad Pública, aprobada en la Asamblea en septiembre pasado y que reemplazará a la Ley de Seguridad. Cierto es que necesitaba un cambio pero esta ley establece otra estructura, que ha generado limitaciones en la práctica cuando se dicta un estado de excepción, lo que ya fuera expuesto al más alto nivel por los generales. Tampoco se puede cambiar una formación conceptual occidental.

No jueguen con fuego y revisen la historia de una institución integrada por hombres y mujeres y como tal sometida a los aciertos y errores, que no debe ser manipulada pero que tampoco puede mirar impasible la coyuntura nacional. En el pasado ya hubo hechos con actuaciones al margen constitucional, que no se justificaron pero que se desbordaron y que explicaron la realidad de crisis.

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