22 de enero de 2018 00:00

Foro - Pregunta 6: Se plantea eliminar la Ley de Plusvalía, aprobada en 2016

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Mayra Pacheco
Redacción Sierra Centro (I)

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La sexta pregunta de la consulta popular plantea eliminar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía.

La inclusión de esta iniciativa en el proceso electoral del 4 de febrero del 2018 responde, principalmente, a una demanda del sector de la construcción. Este gremio advierte una recesión en esta actividad desde que se anunció la presentación de esta norma, en mayo del 2015.

El Banco Central del Ecuador muestra que la construcción lleva 27 meses con cifras negativas. Según la Federación de Cámaras de Construcción del Ecuador y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador, esto ocurre porque esta ley establece mecanismos para gravar la ganancia extraordinaria sobre los bienes inmuebles y terrenos.

En esta ley, impulsada por el Gobierno anterior, el Estado establece un tributo del 75% a la ganancia extra que genera la segunda venta de casas, departamentos o terrenos. El tributo se cobra luego de descontar una ganancia ordinaria (es la que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras y una tasa de interés equivalente a tener el dinero en el banco). También se deducen 24 salarios básicos.

Virgilio Hernández, exconsejero presidencial y exasambleísta, menciona que la recesión en el sector de la construcción es producto de la situación económica y no de la ley. En su criterio, esta norma busca evitar la especulación de la tierra y a los “traficantes de tierra”.

El gremio de la construcción señala que la especulación del suelo se regula en el Código de Organización Territorial y en la Ley de Ordenamiento Territorial. En estas se incluye también un mecanismo para cobrar un 10% de plusvalía, sobre el diferencial del precio original del bien.


Para el debate de la pregunta 6 de la consulta popular, que propone la eliminación de la Ley de Plusvalía, estuvieron en el set de EL COMERCIO Pabel Muñoz, asambleísta y Joan Proaño, constructor y vocero del colectivo Constructores Positivos.

El diálogo se realizó a las 11:00 y se lo transmitió en vivo a través del 'fan page' de este Diario en Facebook.

Foro 6

En EL COMERCIO estuvieron Pabel Muñoz, asambleísta y Joan Proaño, constructor y vocero del colectivo Constructores Positivos. Foto: EL COMERCIO

Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como ‘Ley de Plusvalía’, según el Anexo I?

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LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL EJECUTIVO RESPECTO DE LA LEY DE PLUSVALÍA

En el caso de que se apruebe la pregunta 6, la normativa será derogada

Así es actualmente:

Crea un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. Este tributo se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos. El impuesto se cobrará luego de reconocer al propietario una ganancia ordinaria que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de interés equivalente a tener el dinero en el banco. También se deduce un equivalente a 24 salarios básicos, que suman este año USD 9 264.

Así es actualmente:

En la normativa se establece la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados de actualizar el catastro. Si las autoridades no cumplen con esta normativa, pueden ser destituidas. Los registradores de la propiedad deberán notificar a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Contraloría General del Estado para que tomen las acciones necesarias para sancionar a quien incumpla con este artículo.

Así es actualmente:

Los terrenos también deberán pagar el impuesto del 75%. La Ley, aprobada por la Asamblea, estableció un régimen de transición para empezar a cobrar el tributo para los terrenos urbanos baldíos. De acuerdo con el articulado, los propietarios de estos inmuebles comenzarán a pagar el tributo a partir del 2021.

Así es actualmente:

Primera disposición reformatoria. Esta iniciativa legal incluye un beneficio para las compañías del sector minero, a fin de darles más plazo para pagar el impuesto a las ganancias extraordinarias establecido para esta actividad. Este tributo consiste en el pago del 70% de la diferencia entre el precio base de los metales (oro, plata o cobre) y el precio de mercado 48 meses después del mes.

El Presidente Constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, para derogar la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.


SÍ-Autoridades locales impulsan la promoción en Chimborazo


Marchas, concentraciones y discursos son las actividades que se destacan en la agenda de los militantes de Alianza País y movimientos de oposición que se han pronunciado a favor del sí en las siete preguntas de la consulta popular.

Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo, y el prefecto Mariano Curicama son las figuras políticas más activas en la promoción del sí. Ellos se han pronunciado a favor del proceso, en los actos oficiales que han presidido.

“Votemos sí para continuar con la revolución. Votemos sí para apoyar a nuestro Presidente y a la transformación profunda del Ecuador”, dijo Guevara en la comunidad San Miguel de Quera, durante una actividad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

José Tenesaca, director de AP en Chimborazo, asegura que en los recorridos por la provincia ha comprobado que la mayoría de la militancia apoya al sí, y que la consulta es necesaria para continuar con la revolución ciudadana.

Además, los movimientos provinciales Minga y Renovación se unieron a los militantes de Alianza País para participar en la campaña.

NO-Campaña se basa en medios y recorridos en el territorio

Las actividades para promover el no en la consulta popular y el referendo en Chimborazo han sido menos visibles y según los militantes del colectivo Revolución Ciudadana se han realizado con discreción por falta de recursos económicos.

“No planeamos grandes concentraciones, ni movilizaciones gigantes. Lo haremos con todo el corazón y humildad, caminaremos por las calles y pediremos a la gente que no se deje engañar”, dijo Hermuy Calle, asambleísta por Chimborazo, quien recientemente se desafilió de Alianza País (AP).

Según él, la campaña por el no se concentra en las preguntas dos, tres y seis, “pues son inconstitucionales”.

Parte de la estrategia de campaña consiste en pronunciarse a través de los medios de comunicación y difundir la situación en territorio. Sin embargo, no hay una agenda predeterminada.

“La mayoría de personas que apoya el no son funcionarios públicos y temen represalias en sus instituciones, nos hemos manejado con cautela”, dice Miguel Marcatoma, presidente del colectivo Revolución Ciudadana.

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