La Prefectura: un organismo con poco poder

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Lineida Castillo. Redactora lcastillo@elcomercio.com

En el Ecuador, el nivel de gobierno provincial evolucionó en el tiempo desde su creación en 1861, en nombres y competencias. Las últimas e importantes transformaciones se concretaron con la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización ( Cootad) expedido en el 2010.

Con ello, las prefecturas pasaron a denominarse gobiernos autónomos descentralizados y se establecieron sus competencias exclusivas y concurrentes. Dentro de las primeras está el desarrollo económico y productivo.

Antes del Cootad, las prefecturas también intervenían con obras para las áreas de educación, salud e infraestructuras públicas como canchas deportivas, casas comunales… La labor estaba direccionada especialmente a la zona rural para beneficio de los agricultores y campesinos.

En la actualidad, esas obras las pueden ejecutar con el consentimiento (a través de un convenio) del nivel de gobierno competente, ya sea ministerios, municipios o juntas parroquiales. A eso se denomina competencia concurrente.

Para el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Concope), Montgómery Sánchez, con estos cambios se organizó el trabajo y hay claridad en las competencias de todos los niveles de gobierno.

Esto es cuestionado por el viceprefecto de Zamora Chinchipe, Alonso Cueva, quien dice que eso no ha dado resultados en esta provincia. Su argumento es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les solicitó los permisos para que reconstruya cinco vías. Pero cuatro de ellas no cuentan con los estudios que requieren.

Para el exprefecto azuayo, Xavier Muñoz Chávez, existe un manejo político de este tema en el país. Su argumento es que si la autoridad tiene una buena relación o es afín al Gobierno recibe mayores recursos y hasta les permiten lucirse en la ejecución de grandes obras. De lo contrario solo reciben las asignaciones que por ley les pertenecen.

Eso parece más evidente en el sur del país con los prefectos de Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, contrarios al Régimen. Aunque en estos casos esa rivalidad les ha dado mayor protagonismo a los prefectos Paúl Carrasco (Azuay), Marcelino Chumpi (Morona Santiago) y Salvador Quizhpe (Zamora Chinchipe) en sus territorios y a escala nacional.

Estos prefectos se han unido para demostrar su oposición a los proyectos mineros a gran escala. En respuesta, el Presidente se ha dirigido hacia ellos con duras críticas.

En cambio, los prefectos denunciaron persecución por los intentos de ser destituidos de sus cargos. En el 2012 el prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, del movimiento Pachakutik, fue destituido del cargo con el voto de siete alcaldes.

La justificación para esta acción política fue la resolución de la Contraloría por supuesto cometimiento de nepotismo y desviaciones administrativas, como el cobro excesivo de sueldos. Por eso le impusieron una multa de USD 5 820.

Marcelino Chumpi sostiene que con las limitaciones de competencias no disminuyeron ni aumentaron los presupuestos. Pero que ellos manejan más recursos anuales por las gestiones internacionales y préstamos. Él cree que quitar el manejo de educación o salud fueron los primeros intentos de desaparecer las prefecturas.

Además, señala Muñoz Chávez, antes había una mejor gobernabilidad porque los consejeros se elegían ligados al Prefecto y, ahora, son alcaldes de varias tendencias con visión cantonal y no provincial.

_En contexto Las competencias de los actuales gobiernos autónomos descentralizados se centran en el desarrollo económico y productivo. Para ejecutar obras que antes hacían en educación, salud, infraestructura..., ahora deben firmar convenios con otros niveles de gobierno.

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