12 de enero de 2016 00:00

178 predios del Centro, en riesgo por las lluvias

En la calle Sucre, entre Cuenca y Benalcázar, hay una vivienda que tiene una cubierta como protección, antes de que inicien los trabajos, especialmente en el área del techo. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

En la calle Sucre, entre Cuenca y Benalcázar, hay una vivienda que tiene una cubierta como protección, antes de que inicien los trabajos, especialmente en el área del techo. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Betty Beltrán

Las fuertes lluvias en Quito ya causan daños en viviendas en algunos sectores; por ejemplo, en Luluncoto (sur), Chiviquí y Rumihurco (parroquia de Tumbaco), también en la avenida Simón Bolívar, El Trébol, El Ciclista, entre otros. Por esa razón, se vuelve la mirada a las casas patrimoniales del Centro Histórico que no están en buen estado.

Las características constructivas de esas edificaciones las hacen vulnerables. Un buen porcentaje de estas son de ladrillo, adobe o tapial, con cubiertas de tejas, lo que supone tener un mayor cuidado en cuanto al mantenimiento de sus techos y de los bajantes.

Hace dos años, el Colegio de Arquitectos de Pichincha realizó un estudio de las casas del Centro Histórico. En esa oportunidad, “se inventariaron 4 000 edificaciones, de las cuales 800 (el 20%) estaban en serios problemas de deterioro”, recuerda el presidente de esta entidad profesional, Handel Guayasamín.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) tiene cifras preliminares, actualizadas al 2015. Su directora, Angélica Arias, habla de 103 edificaciones en mal estado, 4 en ruinas y 71 deshabitadas y sin información.

Ante este riesgo de daño, o en el caso de querer recuperar el predio, hay una alternativa para los propietarios de los bienes patrimoniales que están en situación precaria o regular, y es a través de un financiamiento compartido entre el IMP y los dueños de los predios. Uno de estos programas es Quinta Fachada (rehabilitación de cubiertas), que arrancó en el 2013.

Durante el año pasado, se intervinieron 25 inmuebles y para este año se entregarán 53 casas rehabilitadas; se sumarán 26 viviendas más, las cuales están listas para la adjudicación de la contratación.

Para esas intervenciones (104) hay un presupuesto de USD 3 173 468, dice Arias. Con ese dinero, agrega, es posible abrir el programa para otros propietarios de inmuebles, incluso de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano.

El programa Quinta Fachada financia el 50% de inversión no reembolsable (tope de USD 15 000 por casa) y el otro 50% es una inversión reembolsable; el propietario puede cancelar en un lapso de 10 años.

La rehabilitación de la cubierta es uno de los trabajos más costosos, por las características que tienen estos predios en su construcción y en los materiales que se usaron. Sus estructuras son, en su mayoría, de madera.

Basta caminar por el tramo de la calle Chimborazo, entre Mideros y Loja, y observar inmuebles con techos mitad tejas y mitad zinc, y sus bajantes oxidados. Igual panorama se registra en la Barahona, entre la 24 de Mayo y Bahía.

Según Arias, el 90% de los techos de predios donde funcionan instituciones está en buen estado y 80% de las iglesias. En donde hay problemas es en la arquitectura residencial, y Arias pone como ejemplo a los sectores de San Roque y 24 de Mayo, pues allí las cubiertas en buen estado alcanzan el 40%.

Por esa razón, Jorge Sánchez, de la Oficina de Siniestros del Cuerpo de Bomberos, recomienda un mantenimiento periódico de estructuras, techos y bajantes. Lo conveniente es cada dos o tres meses.

Esa cultura de la prevención no es ajena al Centro Histórico, pues hay viviendas que se mantienen en buenas condiciones. Ese es el caso del inmueble número N2-76 de la Benalcázar, entre Sucre y Bolívar. En ese sitio funciona la librería La Prensa Católica y su director, Isaac Peña, comenta que los cuidados son permanentes y al detalle.

La inspección de las tejas la programa tres veces al año y la limpieza de los bajantes, por la suciedad de las palomas que abundan por el sector, cada dos meses. En esas intervenciones gasta alrededor de USD 400, pero -dice Peña-
vale la pena prevenir.

La Ordenanza 260 es la que responsabiliza a los propietarios, custodios o administradores de los inmuebles del Centro Histórico para que hagan el adecuado mantenimiento, el no hacerlo significaría una declaratoria de incuria o una expropiación del inmueble, recuerda la Directora del IMP.

Por su parte, Guayasamín recomienda al Municipio
definir una política de intervención en estos bienes que supone una política pública, “no solo de aseguramiento, de prevención, sino de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de
estos inmuebles”.

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