30 de November de 2014 22:35

Precio bajo del crudo dificulta pago de tarifa a petroleras privadas

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Alberto Araujo

El contrato de prestación de servicios para las empresas petroleras privadas presenta sus primeras complicaciones por los bajos precios del petróleo

El Estado puede eventualmente participar de un monto menor en la renta petrolera que obtiene de las empresas privadas, a las cuales paga una tarifa fija. Incluso, podría comenzar a acumular deudas con estas firmas como ya ocurrió en décadas pasadas.

Actualmente están vigentes 20 contratos de prestación de servicios con más de una decena de petroleras privadas. Estos surgieron a partir del proceso de renegociación que concretó el Gobierno en noviembre del 2010.

Antes de esa fecha, el país manejaba los contratos de participación mediante los cuales las petroleras privadas hacían las inversiones a su propio riesgo y se repartían la producción con el Estado.

Pero, debido a la escalada sostenida de los precios, el actual Régimen defendió la idea de que estos contratos debían renegociarse porque las firmas privadas se estaban beneficiando de la mayor parte del incremento del precio de petróleo.

Luego de tres años y medio de disputas, a mediados del 2010, el Régimen aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos que estableció un plazo tope para que las empresas pasen del contrato de participación al de prestación de servicio. Bajo la nueva modalidad contractual, el Estado pasó a ser el dueño de todo el crudo y estableció una tarifa fija por barril que extraían las privadas.

Así, de noviembre del 2010 a enero del 2011, las empresas suscribieron los nuevos contratos con tarifas que van desde USD 16,72 a 58, según el área y la compañía.

Bajo esta modalidad, el Estado esperaba recibir un ingreso adicional anual de USD 766,5 millones por el alto valor del barril, siempre y cuando el precio del crudo tipo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, estuviera en el orden de los USD 90.

Sin embargo, en la época de la firma de los nuevos contratos de servicios, varios conocedores del sector ya advirtieron que esta modalidad funcionaba con precios altos. Ecuador ya tuvo un antecedente similar en las décadas de los 80 y 90.

En un principio, en el país se utilizaban los contratos de prestación de servicios con compañías privadas, pero cuando bajaron los precios en los 90, los gobiernos decidieron cambiar a la modalidad de participación porque el Estado comenzó a acumular deudas por el pago de tarifas a las petroleras.

Este escenario parece repetirse. El viernes pasado, el precio del crudo tipo WTI cerró en USD 66,15 en la Bolsa de Nueva York. Este valor -restado el diferencial o castigo por calidad- se tradujo en un precio de USD 58,90 para el crudo Oriente, que corresponde al 66% de todo el petróleo que se produce en el país.

¿Cómo se paga la tarifa?

De acuerdo con la cláusula 15 del contrato, establecida para todas las compañías, el Estado se reserva el 25% de ingreso bruto por barril como margen de soberanía antes de cualquier distribución.

Con lo que queda se pagan los costos de transporte del crudo y de comercialización (cerca de USD 4, por barril). Del sobrante se descuenta un valor de USD 1,10 por barril que corresponde a la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo de la Amazonía y la Ley de Creación de Rentas Sustitutivas para Napo, Esmeraldas y Sucumbíos.

Con lo que queda se paga la tarifa por barril a la compañía. Pero, si este valor no alcanza para pagar la tarifa de la petrolera, el monto que falte para cancelar a la empresa se acumulará como una deuda, hasta que suba el precio del crudo, según la cláusula 15.6.

El Estado quedará libre del pago de sus haberes siempre y cuando termine el plazo del contrato y no haya subido el precio del crudo para pagarlos.

Para el caso de Pacifpetrol, por ejemplo, que maneja el bloque 2 y produjo en promedio 950 barriles diarios este mes, la tarifa es de USD 58 por barril.

A un precio del crudo nacional de USD 60, se debe retirar el 25% del margen de soberanía (USD 15) y los costos de transporte y comercialización, además de los beneficios para la Amazonía (USD 5,10).

Es decir, que solo quedarían alrededor de USD 40 disponibles para pagar la tarifa. Y aunque todo este valor se pagara a la empresa, aún quedaría una deuda de USD 18 por barril. Si ello se multiplica por todo el volumen de producción sumaría una deuda de USD 465102 solo en un mes. Esto para el campo más pequeño en cuanto a producción del país, pero es el que mayor tarifa ostenta.​

Para el consultor en temas petroleros, Luis Calero, esta situación demuestra que el modelo de prestación de servicios únicamente es beneficioso para el Estado en el caso de precios altos. Pero cuando caen, el país asume todo el riesgo sin que se afecte la compañía.

Para el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, la situación es compleja. El Ministerio de Recursos No Renovables hablará hoy sobre el tema.

En contexto

Seis empresas privadas no suscribieron el nuevo contrato de prestación de servicios y salieron del país: Petrobras, EDC, Canada Grande Suelopetrol, el Consorcio Gran Colombia y Bellweather. De este grupo, se llegó a un acuerdo con EDC pero Petrobras prepara una demanda arbitral.

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